Fiscalía Supraterritorial: Un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en Chile

El nacimiento de una Fiscalía con alcance nacional marca un hito en la persecución penal chilena. Tras meses de preparación, la Fiscalía Supraterritorial (FST) comenzó a delinear su ruta para enfrentar un fenómeno criminal que ha trascendido las fronteras regionales y ha evolucionado en complejidad y sofisticación.El 16 de septiembre de 2025, el Presidente Gabriel Boric promulgó la ley que establece esta unidad especializada dentro del Ministerio Público, con competencia para investigar delitos de alta complejidad y crimen organizado que involucren a más de una región o tengan carácter transnacional. Esta iniciativa responde a la necesidad de superar las limitaciones de las estructuras tradicionales, que han quedado rezagadas ante organizaciones criminales multipropósito que operan en red, combinando tráfico de drogas, trata de personas, lavado de activos y delitos informáticos.

Miguel Ángel Orellana, designado en octubre como primer fiscal jefe de la FST, encarna la apuesta por una persecución penal más especializada y coordinada. Con más de 20 años en el Ministerio Público, y experiencia en casos emblemáticos de alta complejidad, Orellana ha insistido en que la Fiscalía Supraterritorial no es una estructura más, sino una plataforma de articulación y especialización destinada a optimizar recursos y conectar capacidades dispersas.“Esta nueva forma de entender la persecución penal permitirá reaccionar con fuerza frente a los nuevos fenómenos criminales”, declaró en sus primeras intervenciones públicas.

La puesta en marcha de la FST se proyecta para marzo de 2026, con una dotación inicial de 15 fiscales y 28 funcionarios, que se integrarán gradualmente hasta alcanzar 35 fiscales y 63 funcionarios en tres años. Ubicada en la Torre Amunátegui, en Santiago, compartirá espacios con unidades especializadas como el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), fortaleciendo la colaboración interinstitucional.

El modelo de trabajo que plantea Orellana se apoya en un sistema nacional unificado de análisis criminal, que incorpora análisis forense, patrimonial y herramientas tecnológicas. La idea es abordar los delitos complejos desde una perspectiva integral, reconstruyendo redes y anticipando movimientos delictivos. La Fiscalía buscará complementar, no competir, con las fiscalías regionales, promoviendo la cooperación con Carabineros, PDI, Gendarmería, Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero y otros organismos.

Sin embargo, la creación de esta unidad no está exenta de tensiones y desafíos. La defensora nacional, Verónica Encina, advirtió que el fortalecimiento del Ministerio Público debe ir acompañado de un crecimiento equilibrado del sistema judicial en su conjunto. “No puede haber modificaciones de un aspecto del sistema sin impactar al otro. Si no se refuerza la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía Supraterritorial podría fracasar por falta de recursos para garantizar el debido proceso”, señaló, enfatizando la necesidad de más defensores y salas de audiencia.

En el plano político, el Presidente Boric ha insistido en la urgencia de aprobar el levantamiento del secreto bancario para que la Fiscalía pueda seguir la ruta del dinero, clave en la persecución del crimen organizado. Esta iniciativa ha generado debates en el Congreso, con voces que apoyan la medida pero también llaman a establecer resguardos para evitar abusos.

Distintas perspectivas convergen en que la FST representa una transformación necesaria, pero que su éxito dependerá de la coordinación institucional y del equilibrio en el sistema de justicia. Por un lado, se reconoce la complejidad creciente del crimen organizado y la imposibilidad de abordarlo con estructuras fragmentadas y territoriales. Por otro, se advierte que la eficacia de esta nueva Fiscalía estará condicionada a que se garantice el debido proceso y que las instituciones que interactúan en el sistema penal cuenten con recursos adecuados.

En definitiva, la Fiscalía Supraterritorial abre un escenario de confrontación con el crimen que exige no solo nuevas herramientas, sino también un compromiso político y social para fortalecer el Estado de Derecho en Chile. Su puesta en marcha es un ensayo para la capacidad institucional de adaptarse a los desafíos contemporáneos, con la ciudadanía observando expectante cómo se desenvuelve este nuevo actor en el coliseo de la justicia penal.