
El 16 de septiembre de 2025, un fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos sacudió las bases de la política comercial bilateral con Chile. Esta sentencia declaró ilegales los aranceles recíprocos del 10% que afectaban a productos chilenos, recordando que la imposición de impuestos corresponde exclusivamente al Congreso estadounidense y no al Presidente. La decisión, lejos de ser un simple acto jurídico, abrió un escenario de incertidumbre con profundas consecuencias para ambos países.
Desde Washington, la controversia se instaló en el centro del debate político y económico. La sentencia no solo cuestionó la autoridad presidencial, sino que también estableció que un tribunal de primera instancia no puede invalidar una política pública con efectos universales. “El fallo reafirma la necesidad de respetar las competencias del Congreso, órgano representativo de los ciudadanos, frente a decisiones ejecutivas unilaterales”, explicó un analista del think tank Center for Strategic Trade.
En Chile, esta resolución ha provocado un intenso debate entre sectores empresariales y políticos. Para el mundo privado, la falta de una suspensión universal de los aranceles podría obligar a las empresas a buscar protección jurídica individual, aumentando costos y complejidades. Mientras tanto, en el ámbito público, la incertidumbre se traduce en una necesidad urgente de replantear la estrategia comercial.
En el Congreso chileno, algunos parlamentarios advierten sobre el riesgo de quedar atados a un nuevo arancel bilateral más alto y difícil de modificar. “No podemos negociar como si nada hubiera pasado; este fallo nos obliga a diseñar una estrategia común que defienda nuestros intereses nacionales,” señaló una diputada de oposición.
Por otro lado, representantes del sector exportador expresan preocupación por la inseguridad jurídica. “El impacto en nuestras operaciones y competitividad es real. La indefinición en la política arancelaria genera un terreno movedizo para nuestras inversiones,” afirmó un dirigente gremial.
Mientras tanto, desde Estados Unidos, legisladores europeos y expertos en comercio internacional observan con cautela, conscientes de que la resolución judicial podría frenar la ratificación de acuerdos comerciales pendientes.
Este episodio revela una fractura en la arquitectura del comercio internacional, donde las decisiones judiciales pueden trastocar políticas públicas y acuerdos bilaterales. La imposición de aranceles, tradicionalmente una herramienta política, se enfrenta ahora a límites legales que obligan a replantear el equilibrio de poderes y la coordinación entre actores.
Para Chile, la lección es clara: la defensa de sus intereses comerciales requiere una articulación sólida entre el sector público y privado, anticipando escenarios y fortaleciendo posiciones comunes. La negociación con Estados Unidos, lejos de ser un trámite técnico, se ha convertido en un campo de batalla donde se disputan soberanía, economía y futuro.
En definitiva, este fallo no solo cuestiona una política arancelaria, sino que pone en escena la complejidad de un mundo donde las reglas del comercio se redefinen en tribunales y parlamentos, y donde la estrategia nacional debe ser tan flexible como firme.
---
Fuentes: Diario Financiero, Center for Strategic Trade, declaraciones parlamentarias chilenas, gremios exportadores.
2025-11-12
2025-11-02
2025-09-16
2025-11-12