
El 15 de septiembre de 2025, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) emitió un fallo que impide a la senadora Ximena Rincón (Demócratas) competir por un tercer período consecutivo en la Región del Maule. La decisión, adoptada por una ajustada mayoría de tres votos contra dos, revocó la aceptación inicial de su candidatura por parte del Servicio Electoral (Servel) y desató un terremoto político y jurídico que reverbera aún hoy, dos meses después.
El centro del debate fue la interpretación del artículo 51, inciso tercero, de la Constitución, que limita a dos los períodos consecutivos que un senador puede ejercer. Rincón había sido electa en 2010 y reelegida en 2018, pero su primer mandato fue interrumpido en 2014 cuando asumió como ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Su defensa argumentó que este período no se completó y, por tanto, no debía computarse como un período completo.
Sin embargo, el Tricel sostuvo que, conforme a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y aplicando una interpretación armónica con el Código Civil y normas especiales, Rincón ejerció más de la mitad de su primer período senatorial (desde marzo de 2010 hasta marzo de 2014), incluyendo su participación en la instalación del Congreso y la elección de la mesa. Por ello, para efectos legales, se considera que cumplió un período completo. En consecuencia, su postulación para un tercer período violaba el límite constitucional.
El voto mayoritario, integrado por los ministros Arturo Prado, María Cristina Gajardo y Gabriel Ascencio, enfatizó que permitir la candidatura de Rincón implicaría una excepción única y una vulneración al espíritu de la reforma constitucional de 2020, que buscó limitar la acumulación de poder parlamentario. Los votos disidentes, de Adelita Ravanales y Mauricio Silva, cuestionaron la novedosa interpretación del cómputo del mandato y advirtieron sobre la incertidumbre jurídica que generaba.
El fallo no solo es un hito jurídico, sino que también un episodio cargado de tensiones políticas. Desde la oposición, especialmente Chile Vamos, se interpretó como una victoria que desplaza a una figura fuerte del oficialismo y la centroizquierda en una circunscripción clave. El abogado Gabriel Osorio, representante del pacto oficialista y DC, defendió la impugnación como una aplicación justa de la ley y un freno a maniobras políticas para extender mandatos.
Por su parte, Ximena Rincón emitió un comunicado en el que 'respetaba la decisión pero denunciaba motivaciones políticas y una interpretación inédita que genera incertidumbre'. Criticó a figuras del oficialismo, como Paulina Vodanovic y Francisco Huenchumilla, a quienes acusó de falta de coraje por no asumir públicamente la impugnación. Rincón también recordó su liderazgo en la campaña por el Rechazo a la propuesta constitucional en 2022, sugiriendo que su exclusión tenía tintes de revancha política.
Evelyn Matthei, candidata presidencial respaldada por Rincón, intentó 'diferenciar este caso del de Daniel Jadue, señalando que son situaciones distintas', pero reconoció que la decisión del Tricel es definitiva e impacta el mapa electoral.
La Región del Maule, que reparte cinco escaños en el Senado, quedó con la lista oficialista debilitada. La exclusión de Rincón deja sin reemplazo a una de las candidatas más competitivas del pacto Chile Vamos-Demócratas, lo que podría alterar las expectativas de distribución de escaños. La lista oficial ahora solo incluye a Ian Mac-Niven (Demócratas), Hugo Rey (RN), Andrea Balladares (RN), Patricia Labra (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI).
Este episodio se suma a la exclusión de Daniel Jadue (PC) en Recoleta, también por decisión del Tricel, lo que evidencia un endurecimiento en la aplicación de las normas electorales y un escenario más litigioso en la política chilena.
El caso Rincón revela cómo la política chilena está atravesada por tensiones legales y políticas que van más allá de la simple interpretación normativa. La decisión del Tricel, aunque ajustada a derecho, no ha logrado apaciguar las disputas partidarias y ha generado debates sobre la equidad, la estabilidad institucional y los límites del poder parlamentario.
Es un claro recordatorio de que las reglas electorales, lejos de ser meros tecnicismos, son instrumentos que pueden redefinir carreras políticas y equilibrar fuerzas en el tablero nacional. La interpretación del cómputo de mandatos, hasta ahora poco explorada, marca un precedente que podría influir en futuras candidaturas y en la configuración del Congreso.
Al mismo tiempo, la exclusión de figuras emblemáticas como Rincón y Jadue pone en evidencia la fragilidad de las carreras políticas ante la judicialización de la política, un fenómeno que invita a reflexionar sobre la necesidad de reformas que aclaren y estabilicen las reglas del juego electoral para evitar incertidumbres y conflictos prolongados.
Finalmente, esta historia es también una lección para los actores políticos: la estrategia y el coraje deben ir acompañados del respeto a las normas y la transparencia, pues la política chilena se juega no solo en las urnas, sino también en las salas de tribunales y en la percepción pública.
Fuentes consultadas: Diario Financiero, La Tercera, BioBioChile, El Mostrador, CIPER Chile.