Corte Suprema confirma viabilidad del proyecto Las Salinas en Viña del Mar: un pulso entre desarrollo y precaución ambiental

Corte Suprema confirma viabilidad del proyecto Las Salinas en Viña del Mar: un pulso entre desarrollo y precaución ambiental
Actualidad
Medioambiente
2025-11-16
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- Decisión judicial definitiva tras años de recursos y controversias.

- Conflicto entre intereses empresariales y preocupaciones ciudadanas sobre riesgos ambientales.

- Implicancias para el desarrollo urbano sostenible y precedentes regulatorios en Chile.

El proyecto Las Salinas en Viña del Mar, impulsado por Empresas Copec y vinculado a la familia Angelini, ha atravesado un complejo proceso que hoy culmina con la Corte Suprema otorgando su respaldo definitivo al plan de regeneración ambiental y desarrollo urbano en un terreno históricamente contaminado.

Tras más de dos décadas de evaluaciones, recursos judiciales y debates técnicos, el máximo tribunal del país declaró inadmisibles y rechazó todos los recursos de casación contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto. Este fallo unánime confirma la validez técnica y jurídica de un proceso que ha sido cuestionado por diversos actores, pero que también representa una oportunidad histórica para Viña del Mar.

El origen del conflicto

El terreno en cuestión, ubicado frente a la playa Las Salinas, fue utilizado por empresas petroleras para almacenamiento de combustibles, dejando un legado de contaminación que Copec pretende sanar mediante biorremediación —una técnica que emplea bacterias para descontaminar el suelo— en 16 hectáreas. Posteriormente, la empresa aspira a desarrollar un millonario proyecto inmobiliario con aproximadamente 3.000 departamentos, enfocados en primera vivienda y sin centros comerciales.

Desde 2025, opositores liderados por la Fundación Defendamos la Ciudad y otros grupos presentaron recursos legales alegando que la aprobación ambiental no consideraba adecuadamente riesgos para la salud ni respetaba el Plan Regulador Comunal (PRC), particularmente en lo relativo a la ampliación del área de riesgo para uso residencial.

Perspectivas enfrentadas

El abogado Rodrigo Avendaño, representante de los opositores, sostuvo que "la aprobación ambiental pretende modificar ipso facto el Plan Regulador Comunal, ampliando el alcance del Área de Riesgo sin seguir el procedimiento reglado para modificar el PRC". Por su parte, la abogada Yeny Silva argumentó que existe una contradicción en la resolución del Segundo Tribunal Ambiental, que reconoce incertidumbres técnicas en la biorremediación pero concluye categóricamente que la metodología es idónea y que no hay riesgos para la salud.

"Es contradictorio validar plenamente una evaluación de riesgo basada en una línea de base cuestionada y una técnica con resultados inciertos, sin ordenar medidas adicionales antes de la aprobación", afirmó Silva.

En contraste, el Segundo Tribunal Ambiental y posteriormente la Corte Suprema destacaron que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realizó un proceso riguroso y fundamentado, considerando todas las observaciones ciudadanas y sin evidenciar vicios en la actuación de la autoridad ambiental.

El fallo y sus consecuencias

La Corte Suprema enfatizó que los recursos presentados eran contradictorios y no cumplían con los requisitos formales del recurso de casación, por lo que ratificó la aprobación ambiental. Para la empresa, esta decisión representa la "luz verde definitiva" para avanzar en la regeneración ambiental y urbana del sector, que consideran un aporte en términos de inversión, empleo y calidad de vida para Viña del Mar.

Además, la compañía destacó que el fallo sienta un precedente relevante para la remediación de más de 1.000 terrenos contaminados en zonas urbanas del país, un desafío pendiente para el desarrollo sostenible chileno.

Más allá del fallo: debates que persisten

Este desenlace judicial no disuelve las tensiones entre desarrollo económico y precaución ambiental. La controversia revela la complejidad de enfrentar pasivos ambientales urbanos, donde la incertidumbre técnica y la necesidad de inversión convergen con legítimas inquietudes ciudadanas sobre salud y planificación territorial.

La discusión también pone en evidencia la importancia de fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en procesos de evaluación ambiental, así como la necesidad de actualizar marcos regulatorios para que sean capaces de responder a estos desafíos multidimensionales.

Constataciones finales

- La Corte Suprema ha validado un proceso ambiental que se extendió por más de 20 años, confirmando la viabilidad técnica y legal del proyecto Las Salinas.

- La decisión representa un hito para la regeneración de terrenos contaminados en Chile, con potencial impacto en políticas urbanas y ambientales.

- Sin embargo, persisten críticas sobre la suficiencia de las evaluaciones de riesgo y la adecuación del marco regulatorio para proteger a las comunidades.

- Este caso ejemplifica el delicado equilibrio entre progreso económico, justicia ambiental y planificación urbana, un escenario que seguirá siendo motivo de debate en el país.

Esta historia, más allá de un simple fallo, invita a reflexionar sobre cómo Chile enfrenta sus pasivos ambientales y a qué costo se construye el futuro de sus ciudades.