
En el debate presidencial de Chilevisión del pasado 14 de septiembre, Jeannette Jara optó por no responder a los emplazamientos realizados por Johannes Kaiser. Este gesto, lejos de ser un simple acto de evasión, abrió una grieta profunda en el discurso político que hasta hoy resuena en la opinión pública y los círculos académicos.
Por un lado, la cuestión de la seguridad social se instaló como un tema urgente y complejo. Según datos verificados por el Instituto Res Publica, más de 533 mil extranjeros están afiliados a Fonasa sin aportar cotizaciones, una situación que pone en jaque la sustentabilidad del sistema. La ausencia de respuestas claras de Jara fue interpretada por sectores conservadores y liberales como una falta de compromiso con la realidad fiscal del país. “No es serio con los chilenos mantenerse en silencio ante estos desafíos”, enfatizó José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto.
En contraste, desde la izquierda y movimientos sociales, el silencio fue leído como una estrategia para evitar polarizar más un debate ya cargado, en un contexto donde la seguridad social se entrelaza con derechos humanos y justicia social. Organizaciones sociales han señalado que la presencia de extranjeros en Fonasa sin cotizar refleja una realidad migratoria y sanitaria que requiere soluciones integrales y no solo recortes o exclusiones.
El otro foco de controversia fue la propuesta de ingreso mínimo de 750 mil pesos, que inicialmente Jara impulsó como un pilar de su programa. Sin embargo, semanas después, su equipo programático desestimó esta iniciativa por problemas de financiamiento, lo que generó desconcierto y críticas desde la centro-derecha y expertos en economía. “La coherencia en las propuestas es fundamental, más aún en tiempos de estrechez fiscal”, comentó un economista consultado.
Desde la perspectiva de los votantes indecisos y académicos, esta contradicción abrió un espacio para la reflexión sobre la viabilidad real de las promesas electorales y la transparencia en el debate político.
Finalmente, este episodio pone en evidencia una tensión que atraviesa la política chilena contemporánea: el contraste entre la urgencia social y la prudencia fiscal, el derecho a la protección social y la responsabilidad presupuestaria. El silencio de Jara no solo dejó preguntas sin responder, sino que evidenció la complejidad de construir consensos en un país fragmentado.
Las consecuencias son claras: la ciudadanía exige mayor claridad y compromiso en los temas que afectan directamente su bienestar, mientras que los candidatos enfrentan el desafío de equilibrar propuestas ambiciosas con realismo económico. Este debate, lejos de cerrarse, seguirá siendo un campo de batalla crucial en la carrera presidencial y en la definición del Chile que viene.