A más de dos meses de su contundente reelección, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa navega un escenario complejo. La euforia de la victoria, que validó en las urnas su política de "mano dura" contra el crimen organizado, ha dado paso a la cruda realidad de gobernar un país aún asediado por la violencia y una economía en recesión. La reciente y cinematográfica recaptura de Adolfo Macías, alias "Fito", el narcotraficante más buscado del país, sirvió como un potente recordatorio del eje central de su gobierno: una guerra sin cuartel que, si bien genera victorias simbólicas, aún no resuelve las causas profundas de la crisis.
La estrategia de Noboa se forjó a principios de 2024, cuando la fuga de "Fito" de una cárcel de Guayaquil desató una ola de terror que incluyó motines carcelarios, secuestros de guardias y la toma en vivo de un canal de televisión. La respuesta del mandatario fue declarar el "conflicto armado interno", desplegando al ejército en las calles y prisiones, y catalogando a 22 bandas como organizaciones terroristas.
Esta política le granjeó un masivo apoyo popular, que se tradujo en su reelección en abril de 2025 con más del 55% de los votos, capitalizando el rechazo a la figura del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, los resultados son un mosaico de contrastes. Por un lado, golpes de efecto como la recaptura de "Fito" en un búnker en Manta y la condena por corrupción contra el exvicepresidente Jorge Glas proyectan una imagen de Estado recuperando el control. Por otro, las cifras de homicidios, aunque con leves descensos respecto al peak de 2023, siguen siendo de las más altas de la región, y la economía, principal preocupación ciudadana por sobre la inseguridad, se contrajo en 2024, con un desempleo y una informalidad laboral que superan el 50%.
El "laboratorio Noboa" es observado con atención y divergencia desde el exterior. Mientras figuras como el expresidente estadounidense Donald Trump elogiaron su victoria como un triunfo de la firmeza, líderes regionales como el presidente colombiano Gustavo Petro cuestionaron la legitimidad de un proceso electoral desarrollado bajo estado de excepción y con fuerte presencia militar, argumentando que "no hay elecciones libres bajo estado de sitio".
Esta tensión se magnificó con el asalto a la embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas. El gobierno ecuatoriano defendió la acción como un acto de soberanía contra la impunidad, pero la comunidad internacional, casi en su totalidad, la condenó como una violación flagrante del derecho internacional. Este episodio demostró que la política de Noboa, si bien popular internamente, tiene altos costos diplomáticos y abre un debate sobre los límites del poder estatal en nombre de la seguridad.
Dentro de Ecuador, las voces críticas, aunque minoritarias, advierten sobre el riesgo de la militarización de la sociedad y posibles violaciones a los derechos humanos, un debate que resuena con fuerza en países como Chile, que también discuten el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior.
La crisis ecuatoriana no es un evento aislado. Hace menos de una década, el país ostentaba una de las tasas de homicidio más bajas de la región. Su transformación en un centro logístico para los cárteles mexicanos y albaneses se explica por una combinación de factores: una economía dolarizada atractiva para el lavado de dinero, instituciones estatales debilitadas por la corrupción y su ubicación geográfica estratégica entre los mayores productores de cocaína, Colombia y Perú. La desmovilización de las FARC en Colombia atomizó el control territorial, permitiendo que bandas como Los Choneros (liderada por "Fito") y sus rivales Los Lobos escalaran en poder y violencia, disputando rutas y puertos.
Ecuador se encuentra en una encrucijada. La estrategia de "mano dura" ha demostrado ser eficaz para desarticular cabezas visibles del crimen y generar un respaldo ciudadano crucial para la gobernabilidad. No obstante, la recaptura de "Fito" y la condena de Glas son victorias en batallas, no necesariamente en la guerra. El conflicto sigue abierto, y el desafío para el segundo mandato de Noboa será trascender los golpes de efecto para abordar las condiciones estructurales —pobreza, desigualdad y corrupción— que alimentan al narcotráfico. Para Chile y el resto de la región, el experimento ecuatoriano es un espejo ineludible que obliga a reflexionar sobre la complejidad de la lucha contra el crimen organizado y el delicado equilibrio entre la seguridad, la economía y las libertades democráticas.