Bolsonaro condenado a 27 años: el golpe que fracturó a Brasil y sus heridas abiertas

El 11 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después en la historia política brasileña. El Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Esta decisión, adoptada por una mayoría de cuatro votos contra uno, no solo castigó al exmandatario, sino que también sentó un precedente inédito en América Latina: un expresidente y altos mandos militares enfrentan una condena ejemplar por atentar contra el orden democrático.

El fallo judicial, producto de una investigación exhaustiva y respaldada por evidencias sólidas, determinó que Bolsonaro encabezó una “organización criminal” que buscaba perpetuarse en el poder mediante la abolición violenta del Estado de derecho. Entre los acusados, además del exmilitar, figuran exministros y oficiales de alto rango, como el general Walter Braga Netto y el almirante Almir Garnier, quienes también fueron declarados culpables.

Este proceso judicial se gestó en un contexto de alta tensión: desde 2021, Bolsonaro emprendió una campaña sistemática para sembrar dudas sobre la legitimidad del sistema electoral brasileño, cuestionando sin pruebas la integridad de las urnas electrónicas. Tras la derrota electoral, su negativa a aceptar el resultado y la movilización de sus seguidores derivaron en el violento asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, un episodio que la justicia identificó como la culminación de un plan golpista.

Perspectivas políticas y sociales divergentes

La condena ha profundizado la fractura social brasileña. Para amplios sectores de la oposición y organizaciones democráticas, la sentencia representa un triunfo de las instituciones y un mensaje claro contra la impunidad. Sin embargo, para la base electoral de Bolsonaro —que sigue movilizada y convencida de que su líder es víctima de una persecución política— la condena lo convierte en un mártir frente a lo que denominan una “dictadura judicial”.

Según encuestas recientes, mientras un 52% de los brasileños cree en la responsabilidad del exmandatario en el intento de golpe, un 36% niega su implicación y un 42% lo considera perseguido políticamente. Este clima de polarización se refleja en las calles y en el Congreso, donde se debate una posible amnistía para Bolsonaro y sus aliados, una iniciativa que podría cambiar el curso político si prospera, aunque enfrenta fuertes resistencias.

El rol de las Fuerzas Armadas y la institucionalidad

El proceso judicial también puso bajo la lupa a las Fuerzas Armadas, tradicionalmente un actor clave en la política brasileña. La condena a altos mandos militares indica que, aunque existen sectores simpatizantes de Bolsonaro dentro de las fuerzas, la mayoría ha reafirmado su compromiso con el Estado de derecho y la democracia. Esto es un síntoma de la madurez institucional que, pese a las amenazas, logró contener un golpe.

Presiones internacionales y desafíos futuros

La condena no se produjo en un vacío. La reacción de Estados Unidos, con expresiones de apoyo a Bolsonaro por parte del expresidente Donald Trump y sanciones contra jueces brasileños, agregó una dimensión internacional a la crisis. La imposición de aranceles comerciales y amenazas de sanciones económicas evidencian la compleja relación entre política interna y geopolítica regional.

En este escenario, Brasil enfrenta un doble desafío: contener la reacción de la derecha radical y extrema derecha que busca revertir la condena, y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas para superar la polarización.

Conclusiones y verdades ineludibles

La sentencia contra Bolsonaro no significa el fin de su influencia política, ni la solución definitiva a la crisis brasileña. El exmandatario permanece con arresto domiciliario y su familia y seguidores maniobran para revertir su situación. Sin embargo, el fallo judicial representa una señal histórica de que en Brasil nadie está por encima de la Constitución.

Esta condena es, ante todo, un llamado de atención para las democracias latinoamericanas: la defensa del Estado de derecho requiere instituciones sólidas, justicia independiente y una ciudadanía crítica que no permita la repetición de episodios autoritarios. Brasil ha dado un paso significativo, pero el camino hacia la reconciliación nacional y la estabilidad política es largo y estará lleno de desafíos.

En definitiva, el caso Bolsonaro es una tragedia política que expone las heridas abiertas de una sociedad profundamente dividida, un escenario donde la justicia y la política se enfrentan en un duelo que definirá el futuro democrático de la región.