Préstamos ilegales en el sur de Chile: una red colombiana desarticulada tras años de usura y violencia
En un operativo que desnuda las complejas redes del préstamo ilegal en Chile, una banda de 15 ciudadanos colombianos fue enviada a prisión preventiva tras una investigación que se extendió por más de cuatro años y que reveló prácticas de usura, extorsión, lavado de activos y asociación ilícita en las regiones del Bío Bío, Los Lagos, O'Higgins y Valparaíso.
La investigación comenzó en 2024, tras el hallazgo de un homicidio calificado en la caleta Chome, comuna de Hualpén, donde la víctima, también colombiana, estaba vinculada al grupo criminal. Este hecho abrió la puerta a una indagatoria que permitió desentrañar un sistema de préstamos informales con tasas de interés que alcanzaban el 20% mensual, cobradas mediante cuotas semanales o mensuales, afectando a pequeños comerciantes y particulares.
La estructura y modus operandi de la banda
El liderazgo recayó en Marlon Correa y los hermanos Cardona Trujillo y Echeverry Cardona, quienes coordinaban a una red de captadores, supervisores y cobradores. Los captadores entregaban folletos y ejercían presión sobre quienes incumplían con los pagos, llegando a la intimidación. Además, la organización blanqueaba los fondos obtenidos a través de cuentas bancarias chilenas para luego transferirlos a Colombia, acumulando más de 300 millones de pesos en un año.
Los recursos ilícitos permitieron la compra de 15 vehículos y 8 motocicletas, herramientas para la operación y movilidad de la banda. Entre los imputados, algunos se encuentran prófugos, mientras que otros enfrentan cargos por extorsión, lavado de activos y asociación ilícita.
Voces enfrentadas: seguridad frente a cuestionamientos legales
Desde el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública se enfatizó la necesidad de la prisión preventiva para resguardar a las víctimas, testigos y asegurar el éxito de la investigación. Ignacio Sapiaín, abogado querellante, afirmó que "la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad".
Sin embargo, las defensas han cuestionado la investigación, calificándola de "genérica e imprecisa", y han argumentado que las víctimas accedieron voluntariamente a los préstamos, pese a las condiciones abusivas. El abogado Carlos Concha señaló que "no hay pruebas contundentes que demuestren coacción".
Este choque de perspectivas refleja una tensión entre la urgencia de combatir la delincuencia organizada y la garantía de un debido proceso justo, un debate que se ha repetido en casos similares en Chile.
Consecuencias y aprendizajes
El tribunal fijó un plazo de 120 días para continuar con la investigación, mientras que la orden de detención contra el líder Marlon Correa sigue vigente. La operación pone en evidencia no solo la sofisticación de estas redes criminales transnacionales, sino también la vulnerabilidad de sectores sociales que, por falta de acceso a financiamiento formal, terminan atrapados en ciclos de usura y violencia.
A nivel institucional, este caso ha impulsado una mayor coordinación entre policías, fiscalías y organismos internacionales, como Interpol, en la persecución de estas organizaciones. Sin embargo, también ha abierto preguntas sobre la efectividad de los controles migratorios y la necesidad de políticas públicas que prevengan la explotación financiera de comunidades migrantes y locales.
En definitiva, la historia de esta banda no solo es la crónica de un crimen consumado, sino un espejo de las desigualdades y desafíos estructurales que atraviesan las regiones del sur chileno, donde la informalidad y la precariedad financiera pueden convertirse en terreno fértil para la violencia y el delito organizado.