La seguridad en la campaña presidencial: entre promesas y desafíos reales

Un debate que reveló más grietas que certezas. El pasado 13 de septiembre, los candidatos presidenciales se enfrentaron en un escenario donde la seguridad ciudadana fue protagonista. Durante poco más de media hora, expusieron sus visiones y propuestas sobre cómo abordar la creciente sensación de inseguridad que vive el país. Pero, lejos de mostrar un frente unido, las divergencias quedaron en evidencia, dejando a la ciudadanía con más preguntas que respuestas claras.

La mayoría coincidió en la necesidad de cerrar fronteras para frenar la migración ilegal, vinculándola directamente al aumento de la delincuencia. Este es un punto que atraviesa el discurso político transversalmente, aunque con matices y énfasis distintos según la orientación de cada candidato.

José Antonio Kast propuso que quienes cometan delitos en Chile cumplan sus penas y luego sean expulsados del país. Esta idea, que busca enviar un mensaje inequívoco a los criminales, se enfrenta a la realidad de un sistema penitenciario y judicial que arrastra problemas estructurales: la sobrepoblación carcelaria, la lentitud en los procesos y la corrupción que permea algunas instituciones.

En contraste, Evelyn Matthei planteó una aproximación integral al crimen organizado, con una coordinación efectiva entre todas las instituciones y un liderazgo claro desde la Presidencia. Esta propuesta apunta a un abordaje sistémico, reconociendo que la inseguridad no es solo un problema policial, sino un fenómeno complejo que requiere respuestas multidimensionales.

Desde la mirada ciudadana y regional, surgen preocupaciones sobre el impacto real de las medidas anunciadas. En regiones fronterizas, por ejemplo, el cierre estricto puede afectar la economía local y la convivencia social, mientras que en zonas urbanas, la demanda es por mayor eficiencia en la justicia y políticas que atiendan las causas profundas de la delincuencia.

El debate evidenció también la ausencia de una convicción sólida de que las sanciones serán efectivas y que no habrá dudas al momento de aplicarlas. Esta incertidumbre alimenta la desconfianza ciudadana y la percepción de impunidad, un caldo de cultivo para la frustración social.

Desde el análisis socioeconómico, expertos advierten que la seguridad no puede desligarse de la desigualdad y la exclusión. La criminalidad se alimenta de contextos donde la falta de oportunidades y la precariedad son moneda corriente. Por ello, las propuestas que solo apuntan al control y la represión podrían ser insuficientes o incluso contraproducentes.

En conclusión, el episodio del debate presidencial sobre seguridad nos deja una fotografía clara: un país que demanda soluciones urgentes pero que aún no encuentra consensos profundos ni estrategias integrales. Las promesas de cierre de fronteras y expulsiones rápidas chocan con la realidad institucional y social. Las propuestas integrales requieren voluntad política y coordinación efectiva, aspectos que hasta ahora han sido débiles.

La seguridad en Chile sigue siendo un desafío que no admite respuestas simplistas. El futuro gobierno tendrá que enfrentar este complejo escenario con una mirada que combine firmeza, justicia y políticas sociales inclusivas, si quiere realmente cambiar la percepción y la realidad de inseguridad que afecta a millones de chilenos.