Voto obligatorio en Chile: El pulso entre sanciones y resistencia política

Chile enfrenta un escenario político que recuerda a un coliseo romano, donde las fuerzas en pugna no solo disputan una ley, sino el concepto mismo de ciudadanía y democracia. Desde septiembre de 2025, el Congreso debate con intensidad la implementación de multas para quienes incumplan el voto obligatorio, una norma constitucional vigente desde 2022 pero sin sanciones claras.

El gobierno, encabezado por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, logró en el Senado restablecer una multa que oscila entre 35 mil y 103 mil pesos, un rango que busca equilibrar la efectividad de la sanción con la realidad económica de los ciudadanos. Sin embargo, esta medida no ha sido acogida con unanimidad: la Cámara de Diputados se mostró fragmentada, con un sector del oficialismo resistiéndose a la imposición de multas, argumentando preocupaciones sociales y electorales.

Un debate que trasciende el castigo

Desde la izquierda hasta la derecha conservadora, las posturas sobre el voto obligatorio y la multa son diversas y revelan una tensión profunda sobre la concepción de la ciudadanía. El diputado Daniel Manouchehri (PS) ha declarado que "no podemos cobrarle multas tremendas a la gente y al ciudadano perseguirlo por no ir a votar", mientras que voces como la diputada Joanna Pérez (Demócratas) defienden la multa como un mecanismo para fortalecer la democracia y asegurar la participación.

Por otro lado, sectores liberales y progresistas ven en el voto voluntario un derecho individual que no debe ser coaccionado, mientras que conservadores y algunos sectores de izquierda plantean una visión de ciudadanía exigente, donde votar es un deber republicano fundamental. Un análisis publicado en septiembre por el economista Francisco Pino indicó que "establecer el voto obligatorio con multa creíble podría aumentar la participación electoral hasta un 60%", un dato que alimenta el debate sobre la eficacia de la sanción.

Restricción al sufragio extranjero: otro frente abierto

En paralelo, el Congreso aprobó una reforma que endurece los requisitos para que extranjeros puedan votar, elevando de 5 a 10 años el tiempo de residencia definitiva necesario para acceder al sufragio. Este cambio, impulsado como parte del acuerdo para avanzar con la multa, ha generado críticas desde sectores que lo consideran una contradicción, pues restringir el voto extranjero mientras se debate la obligatoriedad del voto para ciudadanos nacionales refleja una tensión entre inclusión y exclusión en la democracia chilena.

La Cámara de Diputados como escenario decisivo

Aunque el Senado aprobó la multa y la reforma al voto extranjero, la Cámara de Diputados se mantiene como el principal escollo. Un grupo significativo de diputados oficialistas se opone a la multa, argumentando que podría perjudicar electoralmente a su sector y que la sanción debe ser diferenciada o incluso eliminada. Esta división interna ha sido motivo de reuniones intensas y negociaciones, con la ministra Lobos buscando aplacar la rebeldía y consolidar un respaldo parlamentario.

El presidente Gabriel Boric ha respaldado públicamente la idea de la multa, subrayando que "el voto en Chile hoy día es obligatorio, nosotros como gobierno tenemos el deber de respetarlo y hacerlo respetar". Sin embargo, la disonancia dentro de su coalición y las posturas encontradas de figuras como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, evidencian la complejidad política del asunto.

Constataciones y consecuencias

- La implementación de la multa por no votar es un intento por cumplir con el mandato constitucional, pero enfrenta resistencia política que podría dilatar su aplicación efectiva.

- El endurecimiento del voto extranjero refleja una visión restrictiva de la ciudadanía que contrasta con demandas de inclusión y diversidad.

- La fragmentación política en torno al voto obligatorio expone tensiones profundas sobre la representación, la participación y la legitimidad democrática en Chile.

Este episodio, lejos de ser una mera disputa legislativa, pone en escena las contradicciones y desafíos de una democracia que busca consolidarse en un contexto de alta polarización y demandas sociales complejas. El voto obligatorio y su sanción no son solo una cuestión legal, sino un reflejo de cómo Chile entiende su pacto republicano y quiénes son sus verdaderos protagonistas en la arena política.