Lo que hace dos meses era una preocupación diplomática susurrada en los pasillos de la cancillería, hoy tiene rostro, nombre y un eco doloroso en el principal terminal aéreo de Chile. La llegada de vuelos desde Estados Unidos con decenas de chilenos deportados ha materializado la crisis del programa Visa Waiver, transformando un debate sobre seguridad y relaciones internacionales en un drama humano con aristas complejas e incómodas. El beneficio, que por más de una década ha sido un símbolo del estatus de Chile en la región, pende de un hilo, no solo por los delitos que acaparan titulares, sino por las narrativas contrapuestas que emergen con cada deportado que pisa suelo nacional.
La crisis escaló a fines de abril, cuando el robo a Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de la administración Trump, puso el foco sobre la delincuencia chilena en el extranjero. La respuesta del embajador chileno en Washington, Juan Gabriel Valdés, fue rápida: buscó disociar los delitos de la continuidad del programa, asegurando que Chile cumplía con los protocolos de intercambio de información y que el verdadero peligro para el Visa Waiver eran los viajeros que excedían los 90 días de estadía, no las bandas criminales. "No hay ninguna razón técnica para privar a Chile del Visa Waiver", afirmó entonces.
Sin embargo, la realidad se impuso con una fuerza que desbordó los canales diplomáticos. A fines de mayo, un primer avión con 45 connacionales deportados aterrizó en Santiago. La medida, enmarcada en la política migratoria de "tolerancia cero" de la Casa Blanca, no hizo distinciones. Los retornados, agotados y frustrados, denunciaron ante los medios un trato vejatorio. "Nos trataron como unos perros", relató uno de ellos, mientras otros describían condiciones inhumanas en los centros de detención migratoria, donde la piel "cafecita" y el acento español eran, según ellos, motivo suficiente para la sospecha y el maltrato.
Pero la historia dio un giro inesperado en el mismo aeropuerto. Mientras las cámaras captaban los abrazos de reencuentro y las denuncias de victimización, personal de la PDI esperaba para ejecutar órdenes de detención pendientes. Tres de los deportados fueron arrestados inmediatamente por delitos como hurto y robo con violencia. La narrativa se fracturó: ¿eran víctimas de un sistema migratorio implacable o delincuentes que volvían a enfrentar la justicia chilena? La respuesta, al parecer, es que podían ser ambas cosas a la vez.
Este episodio expone una disonancia cognitiva profunda. Por un lado, la perspectiva humanitaria obliga a escuchar los testimonios de maltrato. Los relatos de los deportados, que pasaron meses e incluso años en centros de detención, apuntan a una vulneración de derechos que trasciende su situación migratoria o sus eventuales delitos. "Nos hacían dormir en el suelo, no nos daban ni una colchoneta", manifestaba uno de los retornados, poniendo sobre la mesa el trato a los latinos en la era Trump.
En contraste, la perspectiva de la seguridad y la justicia revela una realidad innegable. La detención de individuos con prontuario en Chile valida, en parte, las preocupaciones de las autoridades estadounidenses y alimenta el estigma del "turista-delincuente". Este hecho debilita la postura diplomática chilena que intenta separar el crimen organizado del mal uso general del visado, demostrando que ambos fenómenos están, en ocasiones, interconectados.
Finalmente, la perspectiva política muestra un choque de visiones. El gobierno de Gabriel Boric, crítico de la figura de Donald Trump, debe gestionar una crisis gatillada por las políticas de un mandatario al que se opone ideológicamente. Mientras tanto, la administración estadounidense, con un discurso duro contra la inmigración, utiliza estas deportaciones masivas como una muestra de firmeza, sin entrar en los matices que la diplomacia chilena intenta introducir.
El ingreso de Chile al Programa de Exención de Visa en 2014 fue celebrado como un hito, el reconocimiento a la estabilidad institucional y un pasaporte a la modernidad. Ser el único país de Sudamérica con este privilegio ha sido motivo de orgullo nacional. Sin embargo, la sombra de los "lanzas internacionales" ha sido una constante amenaza. Lo que hoy se vive es la culminación de años de advertencias y un aumento sostenido de chilenos que viajan a delinquir.
A principios de junio, el anuncio de un segundo vuelo de deportación confirmó que no se trataba de un hecho aislado, sino de una nueva normalidad en la relación bilateral. El futuro del Visa Waiver es hoy más incierto que nunca. La crisis ha dejado de ser un asunto de estadísticas y se ha convertido en una serie de dramas personales que obligan a Chile a mirarse en un espejo incómodo: uno que refleja tanto el anhelo de ser un país del primer mundo como la cruda realidad de una criminalidad que traspasa fronteras y pone en jaque uno de sus mayores logros diplomáticos.