
El desplome de una estructura criminal que operó en Chile durante 2025 ha dejado al descubierto no solo la complejidad de su entramado, sino también las múltiples aristas que involucran a actores nacionales y extranjeros.
En septiembre y octubre de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI) junto al Ministerio Público llevaron a cabo una serie de operaciones que culminaron con la detención de al menos cinco personas vinculadas a la organización criminal venezolana conocida como Los Mapaches del Tren de Aragua. Estas capturas ocurrieron en comunas como Ñuñoa, Las Condes, Puente Alto, Estación Central, Conchalí y Pudahuel, y se enfocaron en desarticular tanto la red financiera como los grupos operativos responsables de delitos graves.
La "Operación Monopolio", liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad de Llanquihue, logró detener a dos financistas clave de la organización en la Región Metropolitana, ambos venezolanos, acusados de manejar un sofisticado esquema de lavado de activos. Este esquema incluía la compraventa de criptomonedas para ocultar el origen ilícito de fondos y la coordinación de retiros en efectivo a través de cajeros automáticos ubicados en Colombia.
El subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada de Robos de la PDI de Puerto Montt, explicó que "se articuló una acción internacional para enviar tarjetas físicas de cuentas bancarias chilenas, con el fin de efectuar retiros en efectivo en Colombia". Esta declaración pone en evidencia la dimensión transnacional de la red y la sofisticación de sus métodos.
Por otro lado, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) realizaron allanamientos que permitieron detener a tres personas, dos de ellas venezolanas con residencia regular y un chileno, vinculados directamente con al menos seis secuestros ocurridos en marzo de 2025.
Los detenidos facilitaban medios para la comisión de estos delitos, incluyendo la administración de cuentas para recibir pagos de extorsión. El fiscal Milibor Bugueño detalló que "estos sujetos lo que hacen es facilitar los medios para la comisión de estos delitos de secuestro, en particular sus cuentas, para que justamente a través de la extorsión puedan depositar estos dineros".
Desde el ámbito político, el caso ha generado un debate intenso. Sectores conservadores han aprovechado la situación para exigir un endurecimiento de las políticas migratorias y un mayor control fronterizo, argumentando que la presencia de organizaciones como el Tren de Aragua es la consecuencia directa de la laxitud en estos controles.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos y expertos en migración advierten que el foco en la nacionalidad de los detenidos puede alimentar discursos xenófobos y simplificar una problemática compleja que involucra factores sociales, económicos y de seguridad. Señalan que la mayoría de migrantes venezolanos en Chile son víctimas y no perpetradores, y que la cooperación internacional y políticas integrales son necesarias para enfrentar el crimen organizado transnacional.
Hasta la fecha, 14 integrantes de la organización están en prisión preventiva, y las investigaciones continúan en curso para desmantelar completamente la red. Este caso expone las dificultades que enfrentan las fuerzas de seguridad para combatir estructuras criminales que cruzan fronteras y utilizan tecnologías financieras modernas para sus operaciones.
La desarticulación del Tren de Aragua en Chile no es solo un golpe a una organización criminal, sino también un llamado a reflexionar sobre las políticas migratorias, la cooperación internacional y la necesidad de fortalecer las instituciones sin caer en simplificaciones.
Este episodio deja en evidencia que el desafío no es solo capturar a los delincuentes, sino comprender y abordar las causas profundas y las complejidades que permiten que estas redes prosperen en nuestro país.