La inhabilitación de Daniel Jadue: Un pulso entre legalidad y legitimidad electoral

El pasado septiembre, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dictaminó la inhabilitación de Daniel Jadue (PC) para competir en las elecciones parlamentarias y, por extensión, le negó el derecho a sufragio debido a su calidad de imputado en el caso Farmacias Populares. Este fallo, adoptado por mayoría (tres votos a favor y dos en contra), desató una tormenta política que ha llegado a un punto de tensión pocas veces visto en la reciente historia electoral chilena.

El recurso fue presentado por Renovación Nacional y acogido por el Tricel, que se basó en la legislación vigente para excluir a Jadue del padrón electoral y, con ello, impedir su candidatura a diputado. La decisión dividió a los ministros del tribunal, reflejando las tensiones políticas que atraviesan a las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral.

Desde la derecha, la UDI no tardó en emplazar a Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo y militante comunista, para que se pronunciara sobre el fallo. Guillermo Ramírez, presidente y diputado de la UDI, acusó al Partido Comunista de poner en duda el Estado de Derecho al sugerir que las elecciones están por sobre los fallos judiciales. Ramírez afirmó que "la Constitución es la que manda, nadie está por sobre la Constitución y los tribunales lo que hacen es aplicarla", y demandó a Jara aclarar si respeta la institucionalidad o si comparte la visión de su partido que considera las elecciones como un instrumento para alcanzar el poder, incluso por encima de decisiones judiciales.

Por su parte, el Partido Comunista rechazó el fallo y su legitimidad. Jadue calificó la resolución como "una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político". El PC, aunque reconoce la competencia del tribunal, denunció que el criterio utilizado para excluir a Jadue se funda en una estrategia judicial más que en la soberanía popular, y anunció que recurrirá a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar una revisión de la medida.

Este episodio ha puesto en evidencia un choque profundo entre la legalidad formal y la legitimidad política. Por un lado, la institucionalidad judicial ejerce su rol con una interpretación estricta de la ley; por otro, sectores políticos y sociales cuestionan la arbitrariedad y el posible uso instrumental del sistema judicial para influir en el juego democrático.

En el plano ciudadano, la controversia ha generado un debate intenso sobre la naturaleza del Estado de Derecho en Chile, la independencia de los tribunales y el respeto a la voluntad popular. Mientras algunos sectores celebran la aplicación rigurosa de la ley como garantía de transparencia, otros advierten sobre el riesgo de judicializar excesivamente la política y erosionar la confianza en las instituciones.

A casi dos meses del fallo, la situación no se ha resuelto definitivamente. La candidatura de Jadue permanece inhabilitada, pero el proceso ante la CIDH está en curso, y la discusión política continúa polarizando a las fuerzas en pugna.

Lo que queda claro es que este caso no solo afecta a un candidato o partido, sino que pone en tensión la convivencia democrática y el equilibrio entre poderes en Chile. La disonancia entre legalidad y legitimidad, lejos de cerrarse, invita a una reflexión profunda sobre cómo el sistema político chileno enfrenta la justicia electoral y el respeto a la voluntad popular.

En definitiva, el episodio de Jadue y el Tricel es un espejo que refleja las fracturas y desafíos actuales del país: la necesidad de fortalecer la institucionalidad sin sacrificar la representatividad, y de construir un diálogo político que reconozca la pluralidad sin caer en la judicialización extrema. La tragedia no es solo la exclusión de un candidato, sino la fractura que evidencia en el tejido democrático chileno.