
En las semanas previas y durante las recientes Fiestas Patrias, la Región de Los Lagos se convirtió en escenario de un operativo sanitario y policial sin precedentes, que dejó al descubierto una realidad incómoda y persistente: la comercialización de carne en mal estado o faenada en condiciones clandestinas.Más de 800 kilos de carne en mal estado fueron decomisados en carnicerías de la provincia de Chiloé, mientras que en Puerto Montt, la acción policial desbarató un matadero clandestino en Alerce Norte, donde se incautaron más de 1.000 kilos de carne de vacuno destinada a ferias libres. Tres personas fueron detenidas en este último operativo, todas con antecedentes policiales, lo que añade un componente de criminalidad a un problema que trasciende la simple negligencia sanitaria.
Desde la Seremi de Salud de Los Lagos, la autoridad sanitaria Karin Solís enfatizó la gravedad del hallazgo y la necesidad de extremar las medidas de control para proteger a los consumidores. 'La gran cantidad de decomisos demuestra la persistencia de un problema estructural en la provincia', afirmó, recordando también la importancia de verificar el origen y la trazabilidad de los alimentos, así como sus características organolépticas. En paralelo, el delegado presidencial provincial, Marcelo Malagueño, destacó la coordinación intersectorial que permitió estos resultados, pero advirtió que la fiscalización debe ser constante y acompañada de una mayor conciencia ciudadana.
Este episodio ha generado una serie de reacciones contrapuestas. Por un lado, organizaciones de consumidores y expertos en salud pública han valorado los operativos, pero advierten que la raíz del problema está en la informalidad y precariedad que afecta a pequeños productores y comerciantes. 'No basta con decomisar, hay que ofrecer alternativas seguras y accesibles para que la población no recurra a estos mercados informales', señaló la académica en salud pública de la Universidad de Los Lagos, María Fernández.
En contraste, representantes del sector económico local, especialmente en Chiloé, han manifestado su preocupación por el impacto que estas fiscalizaciones pueden tener en la ya golpeada economía regional, principalmente en la cadena de producción y comercialización de alimentos. Algunos comerciantes denuncian que la falta de apoyo y capacitación los deja vulnerables frente a las exigencias sanitarias, y que el decomiso masivo podría generar desconfianza generalizada en los consumidores.
La tensión entre seguridad alimentaria y desarrollo económico regional se hace evidente en este escenario, en donde la tragedia no es solo la carne en mal estado, sino el colapso de un sistema que no logra asegurar productos seguros sin afectar la subsistencia de miles de familias.
En definitiva, estos hechos confirman que la problemática de la inocuidad alimentaria en la Región de Los Lagos es multifacética: involucra aspectos sanitarios, sociales, económicos y culturales. La fiscalización y decomiso son pasos necesarios, pero insuficientes si no se acompañan de políticas integrales que permitan formalizar y fortalecer la producción local.
El desafío para las autoridades y la sociedad civil será construir un sistema que proteja la salud pública sin sacrificar la economía regional ni la confianza ciudadana, recordando que detrás de cada kilo de carne decomisado hay historias de precariedad y riesgo que merecen atención y respuesta más allá del decomiso y la sanción.