El fallo del Tricel que sacó a Jadue de la papeleta: un quiebre entre legalidad, política y ética electoral

Un fallo que reescribió las reglas del juego político en Chile ha dejado al descubierto no sólo las tensiones jurídicas que atraviesan el sistema electoral, sino también las profundas fracturas éticas y partidarias que emergen cuando la justicia y la política se entrecruzan. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió el 12 de septiembre de 2025 dejar fuera de la papeleta al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, impidiéndole postular como diputado por el distrito 9. Esta decisión, fundamentada en las imputaciones penales que enfrenta Jadue por delitos relacionados con el caso Farmacias Populares, ha generado un verdadero coliseo de voces enfrentadas y ha puesto en jaque la interpretación de la Constitución sobre candidaturas y probidad.

La batalla jurídica y política

Desde la derecha, Renovación Nacional (RN) celebró la resolución como un restablecimiento del imperio de la ley. El senador Rodrigo Galilea afirmó que "la ley es clara y es pareja para todos: aquellas personas que están acusadas por la Fiscalía de haber cometido delitos que merezcan pena aflictiva, simplemente no pueden votar ni tampoco ser candidatos". La postura de RN fue secundada por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano (PSC), que enfatizaron la necesidad de que la justicia actúe con rigor y que los procesos electorales respeten tanto la norma como la moral pública.

Sin embargo, esta lectura no es unánime. Sectores de oposición y algunos analistas advierten que la exclusión de Jadue abre un debate complejo sobre el derecho a la presunción de inocencia y la politización de la justicia. Para ellos, "la justicia electoral no puede transformarse en un instrumento para descalificar candidaturas en base a procesos penales aún no resueltos", advierten.

Impacto regional y social

En Recoleta, el escenario es de incertidumbre y polarización. Ciudadanos que apoyan a Jadue ven en el fallo una maniobra política que limita la representación popular. Por otro lado, sectores críticos valoran que se evite que personas bajo investigación criminal puedan ocupar cargos públicos, un tema sensible en un país marcado por escándalos de corrupción.

La responsabilidad de los partidos

Un consenso transversal que ha emergido en este debate es la exigencia de mayor rigurosidad ética en la selección de candidaturas. La diputada Karen Medina (ind-DC) subrayó que "los partidos políticos tienen la obligación de llevar a personas idóneas como postulantes a cargos de elección popular, especialmente en puestos que implican administración de recursos públicos". En este sentido, el fallo del Tricel se interpreta como una llamada de atención para que las colectividades asuman un rol más activo en garantizar la probidad y transparencia.

Constataciones y consecuencias

Este episodio confirma que la política chilena sigue navegando en aguas turbulentas donde la legalidad, la ética y la lucha por el poder se entrelazan de forma inevitable. El fallo del Tricel no solo excluyó a un candidato, sino que también puso en evidencia la necesidad de un debate profundo sobre los límites entre la justicia penal y la política electoral.

Además, deja en claro que la ciudadanía y las instituciones exigen mayores estándares de transparencia y responsabilidad, y que la tolerancia a la ambigüedad en la probidad puede socavar la confianza en el sistema democrático.

Finalmente, esta historia no concluye con un solo veredicto, sino que abre un espacio para la reflexión crítica sobre cómo Chile quiere construir sus reglas de juego político en el futuro, equilibrando el respeto a la ley con garantías para la participación y representación democrática.

Fuentes consultadas: La Tercera (12/09/2025), declaraciones parlamentarias públicas, análisis jurídico-electoral contemporáneo.