El caso Lavín Jr. se desmorona en tribunales: corrupción, facturas falsas y una defensa que apunta a fantasmas

En un proceso que comenzó a tomar forma hace más de un año, el diputado Joaquín Lavín Leòn, conocido como Lavín Jr., ha visto cómo las sombras de la corrupción se han ido cerrando sobre su figura. Desde mediados de 2025, la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, liderada por la fiscal Constanza Encina, ha impulsado una investigación exhaustiva que apunta a delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y delitos tributarios.

El origen de la pesquisa se remonta a la detección de facturas ideológicamente falsas presentadas por Lavín Jr. ante el Congreso y el Servicio Electoral (Servel), que habrían servido para financiar campañas políticas y gastos personales con recursos públicos. Estas facturas, emitidas principalmente por la empresa Modo74 SpA y la imprenta MMG S.A., nunca habrían correspondido a servicios efectivamente prestados, según los peritajes de la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a la ofensiva legal en mayo de 2025, presentando una querella por malversación de caudales públicos que describe con detalle las triangulaciones de dinero y maniobras para sustraer recursos del Congreso, desviándolos hacia deudas de campaña y otros fines personales. En paralelo, la Municipalidad de Maipú, encabezada por Tomás Vodanovic (FA), presentó otra querella, denunciando irregularidades en la gestión municipal durante la alcaldía de Cathy Barriga, esposa del diputado y también imputada por fraude al fisco.

La defensa de Lavín Jr. ha optado por una estrategia de deslinde de responsabilidades, apuntando a su exasesor Arnaldo Domínguez como el principal responsable de las rendiciones de gastos y la gestión administrativa de la oficina parlamentaria. En su declaración ante la Fiscalía, el diputado afirmó que el sistema de rendiciones no pasaba por él y que desconocía detalles específicos de las facturas cuestionadas. Sin embargo, la Fiscalía y el CDE sostienen que Lavín Jr. tenía pleno conocimiento y consentimiento de las operaciones fraudulentas, y que incluso instruyó y coordinó parte de las maniobras.

Entre las evidencias más reveladoras se encuentran registros en el teléfono y computador personal del diputado con listados de ingresos y egresos de Modo74, así como correos y mensajes que demuestran su participación directa en la capacitación y cobro a clientes vinculados a la UDI. Además, se constató un alto flujo de depósitos en efectivo de origen desconocido en la cuenta bancaria del parlamentario, lo que motivó un reporte de operación sospechosa por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Desde una perspectiva política, el caso ha generado un terremoto en la UDI y en el Congreso. Para sectores de oposición y de izquierda, este episodio confirma el arraigo de prácticas corruptas en la derecha tradicional, mientras que algunos defensores del diputado hablan de persecución política y denuncian un uso desproporcionado de la Fiscalía y el CDE para desacreditar a un actor político en ascenso.

En la Región Metropolitana, el alcalde Vodanovic ha sido enfático en señalar que esta querella respalda las acciones municipales para combatir la corrupción y que la confianza ciudadana solo se restablecerá con sanciones ejemplares.

"La corrupción destruye las instituciones, daña la democracia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Nuestro compromiso es combatirla con la mayor severidad siempre", afirmó.

A casi cinco meses de la presentación formal de las querellas y con la fecha para la revisión del desafuero aún pendiente en la Corte de Apelaciones de Santiago, el futuro judicial de Joaquín Lavín Leòn se presenta incierto y complejo. La acumulación de antecedentes, la pluralidad de querellantes y la contundencia de las pruebas contrastan con una defensa que se sostiene en la atribución de responsabilidades a terceros y la negación de conocimiento pleno.

Este caso, que ha trascendido la esfera política para instalarse en la agenda pública como un símbolo de los desafíos que enfrenta la transparencia y ética en el ejercicio del poder, deja en evidencia varias verdades:

- La permeabilidad de las instituciones a prácticas fraudulentas cuando no hay controles efectivos ni rendición de cuentas rigurosa.

- La dificultad de separar las responsabilidades individuales en estructuras complejas de poder y redes clientelares.

- La importancia de la colaboración entre organismos como la Fiscalía, el SII, la UAF y el CDE para desentrañar esquemas de corrupción.

En definitiva, el caso Lavín Jr. es una tragedia política que se desarrolla ante los ojos de la ciudadanía, donde los actores se enfrentan en un escenario judicial que promete definir no solo el destino de un parlamentario, sino también la capacidad del sistema chileno para sancionar y prevenir la corrupción en sus más altas esferas.