Un capítulo cerrado en Brasil que repercute en toda América Latina. El 11 de septiembre de 2025, la Corte Suprema brasileña dictó una condena de 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, por su participación en el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022. Este veredicto no solo marca un hito judicial, sino que también abre un escenario de reflexión sobre la estabilidad democrática en la región.
Tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, Bolsonaro desconoció los resultados oficiales, promovió la idea de fraude electoral y alentó disturbios que buscaron impedir la asunción del presidente electo. La Corte Suprema brasileña, tras un proceso exhaustivo y con múltiples testimonios y evidencias, estableció que estas acciones constituían un intento de socavar el orden democrático.
La sentencia establece 24 años y 9 meses en régimen cerrado por delitos graves, y 2 años y 9 meses en régimen semiabierto o abierto, totalizando 27 años de prisión efectiva.
El Presidente Gabriel Boric fue uno de los primeros en manifestarse públicamente, usando su cuenta en X para expresar 'Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables.' Para Boric, este fallo representa un triunfo de la democracia sobre las fuerzas que intentaron destruirla.
Sin embargo, en círculos políticos y académicos chilenos, la reacción es más matizada. Algunos analistas advierten que si bien la condena es un paso necesario para la justicia, también refleja la profunda polarización que atraviesa Brasil, y que podría alimentar tensiones internas si no se acompaña de procesos de reconciliación social.
Desde el oficialismo, la condena es vista como un acto de reafirmación institucional. El presidente Lula ha declarado que la justicia brasileña ha dado una señal clara contra la impunidad.
Por otro lado, sectores afines a Bolsonaro denuncian un proceso político y alegan persecución, lo que mantiene viva la división social y política en el país.
Este episodio no es un caso aislado. América Latina ha sido escenario de crisis democráticas y golpes en décadas recientes. La condena a un expresidente por intentar subvertir un proceso electoral es un precedente sin igual en la región.
Expertos en democracia y derecho constitucional coinciden en que este fallo puede fortalecer los mecanismos institucionales para proteger la voluntad popular, pero también subrayan la necesidad de fortalecer el diálogo social para evitar la radicalización.
La condena a Bolsonaro es un punto de inflexión que evidencia la fragilidad y, a la vez, la resiliencia de las democracias latinoamericanas. La justicia brasileña ha mostrado capacidad para actuar contra amenazas internas, pero la verdadera prueba será cómo la sociedad y las instituciones gestionen las heridas políticas que este proceso ha dejado.
En Chile, la mirada está puesta en la estabilidad democrática regional y en la necesidad de aprender de estas experiencias para fortalecer la participación ciudadana y la confianza en las instituciones.
Este caso invita a una reflexión profunda sobre los límites del poder, el respeto a la democracia y los riesgos que implica la polarización extrema en tiempos de crisis política.
2025-11-06
2025-11-07