La Acusación Constitucional contra Diego Pardow: Un duelo político que revela más que un conflicto de intereses
El escenario político chileno ha vivido en las últimas semanas un episodio que trasciende la simple acusación constitucional contra Diego Pardow, exministro de Energía. Desde la presentación formal de la acusación en octubre hasta la suspensión de la votación en noviembre, la historia se ha ido tejiendo en un complejo entramado de posiciones, argumentos y expectativas.
La comisión revisora, compuesta por parlamentarios de diversos sectores — Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA) — ha sido el coliseo donde se han enfrentado voces con posturas encontradas. La votación del informe quedó suspendida el 15 de noviembre para asegurar la presencia presencial del exministro Pardow el 17 de noviembre, un gesto que la defensa considera clave para demostrar la ausencia de conflicto de interés.
Francisco Cox, abogado defensor de Pardow, ha insistido en que no existe conflicto de interés y que todas las declaraciones patrimoniales y de intereses fueron entregadas a la Contraloría, que no ha encontrado irregularidades. Este argumento se sostiene en que la pareja del exministro, vinculada al estudio Ferrada Nehme, se desligó de cualquier asesoría relacionada con el ministerio desde que Pardow asumió.Esta defensa apunta a disipar dudas sobre la transparencia y ética del exsecretario de Estado.
Sin embargo, la oposición parlamentaria y sectores críticos no han cesado en cuestionar la gestión de Pardow en medio de la crisis tarifaria energética que afecta a diversas regiones del país. Hernán Calderón, presidente de Conadecus, señaló que las responsabilidades son compartidas pero hizo un llamado urgente a que Gobierno, Parlamento e industria trabajen para reducir las tarifas eléctricas, enfatizando que las soluciones deben reconocer las diferencias regionales.
Este llamado no solo apunta a la gestión puntual de Pardow, sino a un problema estructural que ha generado tensiones sociales y políticas en zonas afectadas por alzas en el costo de la energía. La acusación constitucional, entonces, se convierte en un reflejo de estas tensiones, más que en un simple juicio a una persona.
La suspensión de la votación para incluir el testimonio directo de Pardow revela la importancia que tiene su palabra en el proceso, pero también expone la estrategia política detrás de la comisión, que busca equilibrar la presión pública y la rigurosidad del análisis.
Desde la perspectiva del oficialismo, la defensa de Pardow es un escudo contra lo que consideran un uso político de la acusación, mientras que la oposición la ve como una herramienta para exigir responsabilidad y transparencia en la gestión pública, especialmente en un sector tan sensible como la energía.
En definitiva, esta historia es más que un enfrentamiento legal. Es un escenario donde convergen demandas sociales, disputas políticas y cuestionamientos éticos, que ponen en evidencia las dificultades para gobernar en un contexto marcado por la crisis de servicios básicos y la polarización política.
Como concluyó el diputado Jaime Mulet, presidente de la comisión, «la presencia y testimonio directo del inculpado es tremendamente relevante» para que el proceso sea justo y transparente.
Verdades y consecuencias claras emergen tras este episodio: la necesidad de mayor claridad en la gestión pública, la urgencia de soluciones regionalizadas para problemas nacionales y la consolidación de un debate político que no se reduzca a la inmediatez, sino que permita comprender las raíces y alcances de los conflictos. En este coliseo político, la tragedia no es solo de un exministro, sino del sistema que debe responder con mayor responsabilidad y eficacia a las demandas ciudadanas.