
Un retroceso en las garantías básicas. Desde mayo de 2025, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) eliminó el límite de 12 horas para procesar a migrantes detenidos en sus salas de retención, permitiendo estancias de hasta siete días. Este cambio, que ha pasado desapercibido en el ruido mediático inmediato, se traduce en una realidad de hacinamiento, falta de higiene, escasez alimentaria y ausencia de atención médica adecuada, según denuncias de migrantes y organizaciones defensoras.
En espacios como el centro de detención Krome en Florida y la oficina de ICE en Manhattan, se ha documentado la presencia simultánea de cientos de personas, muchas durmiendo en el suelo o en sillas, con baños a la vista y sin acceso a duchas. Videos filtrados y testimonios directos revelan un trato que migrantes describen como "ser tratados como perros", evidenciando un deterioro en las condiciones de detención que expertos califican de tortura institucionalizada.
Dora B. Schriro, ex directora de Políticas de Detención de ICE, advierte que la eliminación de la regla de 12 horas aumenta el riesgo de muertes y enfermedades graves dentro de las instalaciones. En lo que va del segundo mandato de Donald Trump, ya se registran 14 muertes en centros de detención, un dato alarmante que no ha sido suficientemente visibilizado.
Desde la perspectiva oficial, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que estas salas no son centros de detención sino espacios temporales de procesamiento, y que se garantizan condiciones adecuadas de alimentación, atención médica y comunicación con familiares y abogados. La portavoz Tricia McLaughlin calificó de "falsas" las denuncias de hacinamiento y malas condiciones. Sin embargo, un juez federal ordenó recientemente a ICE mejorar las condiciones en Manhattan, tras una demanda presentada por activistas.
El debate político y social se polariza entre quienes defienden la necesidad de medidas estrictas para controlar la migración y quienes denuncian una estrategia deliberada para someter a los migrantes a condiciones hostiles que dificultan su resistencia a la deportación. Organizaciones de derechos humanos interpretan estas prácticas como una forma de castigo y deshumanización.
En el plano regional, esta crisis afecta especialmente a migrantes latinoamericanos, muchos de ellos provenientes de países con altos niveles de violencia y pobreza, que se enfrentan a un sistema que, lejos de proteger sus derechos, los expone a un trato degradante.
Las evidencias actuales muestran que la política de detención prolongada ha generado un aumento significativo en el tiempo promedio de estancia en las salas de retención de ICE, con casos que superan los 10 días en condiciones precarias. Esta realidad plantea preguntas urgentes sobre el respeto a los derechos humanos en la gestión migratoria estadounidense y el impacto en las comunidades afectadas.
Conclusiones. La prolongación indefinida de la detención en salas de ICE representa un retroceso en estándares mínimos de trato digno y protección para migrantes. La disputa entre autoridades y defensores revela una tensión profunda entre seguridad nacional y derechos humanos. Mientras la administración Trump defiende sus políticas como necesarias, las voces de los detenidos y las organizaciones sociales evidencian una tragedia humana en desarrollo, con consecuencias visibles en la salud y la vida de las personas. El contexto invita a repensar no solo las políticas migratorias estadounidenses, sino también el compromiso internacional con la dignidad y los derechos fundamentales de quienes cruzan fronteras en busca de una vida mejor.
Fuentes: EL PAÍS (2025), testimonios de migrantes, informes de organizaciones de derechos humanos, declaraciones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.