Acusación constitucional contra exministro Pardow: la pugna política que sigue tras su renuncia
Un error en el cálculo de las tarifas eléctricas que afectó a miles de consumidores ha dejado una estela de controversia política que no se disipa con la renuncia del exministro de Energía, Diego Pardow. El 2025-10-21, Pardow presentó su renuncia tras reconocer fallas en la fijación de cobros excesivos que impactaron a usuarios finales. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, la oposición, principalmente Renovación Nacional (RN), ha insistido en avanzar con una acusación constitucional (AC) que busca establecer responsabilidades más allá de su salida del cargo.
El escenario político: una batalla que no termina
La bancada de RN ha sido la más activa en reactivar la AC contra Pardow. 'No es suficiente que haya salido de su cargo, sino que además hay que estudiar si han habido responsabilidades por cosas que sabía y no hizo nada al respecto', declaró el diputado Diego Schalper en radio Duna. Esta postura refleja una lectura política que busca no solo sancionar el error técnico, sino también la gestión y la transparencia del exministro.
Por su parte, el jefe de bancada Frank Sauerbaum ha señalado que 'se ha ido sumando nueva información que nosotros como oposición estamos recabando para evaluar una posible Acusación Constitucional en contra del exministro Pardow.' Sauerbaum enfatizó que Transelec había advertido al ministerio sobre el error en octubre, y que el gobierno no actuó para evitar el perjuicio económico, lo que, en su visión, agrava la responsabilidad.
No obstante, la presentación formal del libelo aún enfrenta desafíos para conseguir los votos necesarios. La UDI, inicialmente promotora de la AC, ha mostrado cautela, evaluando la realidad política y las posibilidades de éxito.
La defensa y la transparencia: ¿conflicto de interés o error administrativo?
En el corazón del debate está la supuesta relación entre Pardow y la empresa Transelec, que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. Sin embargo, la defensa del exministro, representada por el abogado Francisco Cox, ha negado categóricamente estas acusaciones.
El 2025-11-15, en la comisión revisora de la AC, Cox afirmó que 'no existe, ni mucho menos un incumplimiento de realizar la declaración de intereses y patrimonio'. Además, explicó que la pareja de Pardow y el estudio de abogados Ferrada Nehme —que representa a Transelec— se abstuvieron de cualquier participación relacionada con el ministerio para evitar cuestionamientos.
'Toda la información está entregada a la Contraloría, y esta, hasta el día de hoy, no ha visto conflicto de interés alguno', aseguró Cox, quien confirmó la comparecencia del exministro para entregar su testimonio presencialmente, posponiendo la votación del informe para el 2025-11-17.
Voces ciudadanas y el impacto regional
Desde la perspectiva de los consumidores afectados, la controversia ha generado un sentimiento de desconfianza hacia las autoridades y las empresas eléctricas. Organizaciones de usuarios han exigido no solo sanciones, sino también medidas efectivas para evitar que errores similares se repitan.
Regiones con mayor dependencia energética han manifestado preocupación por la estabilidad y la transparencia en la gestión pública, enfatizando la necesidad de mecanismos claros de control y rendición de cuentas.
Constataciones finales
La trama en torno a Diego Pardow trasciende el mero error administrativo. Se ha convertido en un campo de batalla político donde se disputan responsabilidades, legitimidad y la confianza pública. La oposición busca capitalizar la crisis para fortalecer su posición crítica al gobierno, mientras la defensa insiste en la ausencia de irregularidades formales y en la buena fe del exministro.
El testimonio de Pardow ante la comisión revisora, programado para el 2025-11-17, será un momento clave para despejar dudas y avanzar hacia una conclusión definitiva. Más allá del desenlace jurídico-político, el episodio deja lecciones sobre la importancia de la transparencia, la gestión pública y la supervisión en sectores estratégicos para el país.
En este escenario, la ciudadanía queda como espectadora de un duelo donde se entrelazan la tragedia del error y la pugna por la verdad y la justicia, en un contexto donde la política y la administración pública se enfrentan sin concesiones.