A más de tres meses de que el abogado Luis Hermosilla ingresara al anexo penitenciario Capitán Yáber, el caso que se originó con la filtración de un audio sobre presuntos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha dejado de ser una anécdota de corrupción para convertirse en el epicentro de un sismo que sacude los cimientos de la élite chilena. Lo que comenzó como una investigación focalizada, hoy es una compleja red de aristas que exponen las porosas fronteras entre el poder económico, la justicia y la política, forzando una incómoda reflexión sobre la integridad de las instituciones y la igualdad ante la ley.
La detención de Hermosilla fue solo el primer acto. La onda expansiva no tardó en alcanzar las más altas esferas del Poder Judicial. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue removida de su cargo en octubre de 2024 tras revelarse sus comunicaciones con el abogado para, presuntamente, gestionar su nombramiento y obtener información sobre causas. Hoy, enfrentando una investigación por tráfico de influencias, cohecho y negociación incompatible, su reciente cambio de equipo legal evidencia la complejidad de una defensa que se libra tanto en tribunales como en la opinión pública.
Este escrutinio ha forzado a las instituciones aludidas a actuar. El SII, bajo la dirección de Javier Etcheberry, ha adoptado una postura visiblemente más agresiva. Un ejemplo es la querella presentada en abril contra Enzo Vecchiola, socio de un poderoso grupo minero del norte, por un perjuicio fiscal que supera los 15.600 millones de pesos. Ante las críticas de gremios y expertos tributaristas sobre un supuesto exceso de celo, Etcheberry ha defendido su gestión con pragmatismo: “Soy ingeniero, me gustan los datos”, argumentando que su deber es desmantelar las “verdaderas mafias” de fraude tributario, un discurso que resuena con fuerza en el clima post-Hermosilla.
Paralelamente, el mundo corporativo también enfrenta sus propias réplicas. En el marco del Caso Factop, otro escándalo financiero de gran envergadura, los ejecutivos de LarrainVial imputados lograron en junio un acuerdo con la Fiscalía para la suspensión condicional del procedimiento. Esta “salida alternativa”, que les permitirá el sobreseimiento en un año si cumplen ciertas condiciones, ha sido celebrada por las defensas como un acto de racionalidad procesal, pero observada con recelo por parte de la ciudadanía y algunos querellantes, quienes la interpretan como una muestra más de una justicia a dos velocidades.
El debate actual se mueve en tres planos distintos que rara vez convergen:
El Caso Hermosilla no nace en el vacío. Se inscribe en una larga secuencia de escándalos de colusión, financiamiento irregular de la política y delitos de cuello y corbata que han erosionado progresivamente la confianza en las élites. La diferencia fundamental radica en la crudeza de la evidencia: un audio donde se habla con naturalidad de corromper el sistema. Este “sonido del silencio roto” no reveló algo que los chilenos no sospecharan, pero sí lo confirmó de una manera brutalmente explícita, haciendo insostenible la narrativa de “casos aislados”.
Hoy, el caso está lejos de concluir. Se ha transformado en un proceso de introspección forzada para las instituciones del país. Mientras la justicia sigue su curso, con Hermosilla en prisión y múltiples investigaciones en desarrollo, la pregunta fundamental que queda suspendida en el aire ya no es solo sobre la culpabilidad individual de los implicados. La interrogante que definirá el legado de este escándalo es si el sistema será capaz de reformarse para restaurar la confianza perdida o si, una vez que el ruido mediático se apague, el silencio de la impunidad volverá a imponerse.