
En el escenario político chileno, la seguridad ciudadana se ha convertido en un tema recurrente y candente. Durante el primer debate presidencial de septiembre de 2025, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami afirmó que “se duplicó la tasa de homicidios en tres gobiernos, de 3,0 a 6,0 por 100 mil habitantes”, una declaración que rápidamente fue desmentida por organismos especializados y medios de verificación.
Este episodio, lejos de ser un simple desacierto, revela las tensiones profundas entre datos, interpretaciones y discursos políticos en torno a la seguridad pública. Para comprender el fenómeno, es necesario revisar el contexto y las fuentes que sustentan o refutan esta afirmación.
La estadística oficial del Observatorio del Homicidio solo dispone de datos desde 2018, lo que dificulta comparaciones longitudinales con gobiernos anteriores. Sin embargo, al analizar informes del Centro de Estudio y Análisis del Delito (CEAD) y la Radiografía de la Seguridad en Chile 2014-2024 de la Universidad Andrés Bello, se observa que la tasa de homicidios en 2014 fluctuaba entre 3,0 y 3,1 por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2024 oscila entre 4,9 y 5,1, cifras que, aunque muestran un aumento, no duplican la tasa como afirmó ME-O.
Este contraste evidencia un problema común en la política y el periodismo: la selección y manipulación de datos para fortalecer narrativas específicas. Mientras algunos actores políticos buscan dramatizar la situación para ganar apoyo, otros minimizan el problema para evitar alarmismos.
Desde la derecha política, se ha enfatizado que la seguridad ha mejorado en términos generales, destacando programas de prevención y fortalecimiento policial. En cambio, sectores de izquierda y movimientos sociales apuntan a que el aumento, aunque no duplicado, es preocupante y refleja fallas estructurales en políticas públicas, desigualdad y falta de inversión en prevención social.
En regiones, la percepción varía. En zonas urbanas como Santiago, la violencia homicida ha mostrado incrementos moderados, mientras que en algunas regiones del sur y norte, la inseguridad se percibe con mayor gravedad, influenciada por conflictos locales y narcotráfico.
Ciudadanos entrevistados expresan una mezcla de desconfianza hacia las cifras oficiales y frustración ante la sensación de inseguridad en su entorno cotidiano. Para muchos, los números fríos no reflejan la realidad vivida, lo que alimenta la polarización y el miedo.
La discusión sobre la tasa de homicidios en Chile no es solo un debate estadístico, sino una ventana hacia las complejidades de la seguridad pública y su instrumentalización política. La afirmación de duplicación es falsa según las fuentes verificadas, pero el aumento sostenido en la tasa de homicidios es innegable.
Esto obliga a mirar más allá de los números, hacia las causas profundas: desigualdad social, debilidades en el sistema de justicia, déficit en políticas de prevención y la necesidad de enfoques territoriales diferenciados.
La lección final es clara: el uso irresponsable de datos puede distorsionar la percepción pública y dificultar la búsqueda de soluciones efectivas. La ciudadanía, por su parte, debe exigir rigor y transparencia, entendiendo que la seguridad es un desafío multifacético que requiere diálogo informado y políticas integrales.
En definitiva, este episodio ilustra la tensión entre la política del espectáculo y la necesidad de análisis profundo, un recordatorio para todos los actores de que la verdad estadística es el primer paso para enfrentar la violencia con eficacia y justicia.