
En septiembre de 2025, la candidata presidencial Jeannette Jara (PC) afirmó en un debate televisivo que la informalidad laboral en Chile se encontraba en un 26% y que esta había disminuido más de tres puntos porcentuales durante su gestión como ministra. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el trimestre mayo-julio 2025, la tasa de informalidad se ubicó efectivamente en un 26%, equivalente a aproximadamente 2,43 millones de personas. Sin embargo, la afirmación sobre la reducción de más de tres puntos fue puesta en duda por verificadores independientes, quienes señalaron que la caída real desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric es de apenas 1,8 puntos porcentuales.
Este desencuentro en cifras no es un simple tecnicismo, sino que revela un campo de batalla donde se enfrentan narrativas políticas, económicas y sociales que buscan dar sentido a un fenómeno que persiste en el tiempo.
Desde la izquierda, la reducción de la informalidad es presentada como un logro parcial de las políticas públicas implementadas, que incluyen subsidios a las pymes, programas de capacitación y aumentos del salario mínimo por encima del IPC. Jara defendió que "el ecosistema laboral requiere apoyo integral para crecer en productividad y formalización".
Por otro lado, sectores de la oposición y expertos independientes advierten que la informalidad sigue siendo un problema estructural, vinculado a la precariedad del empleo, la baja productividad y la rigidez del mercado laboral. Un economista consultado por este medio señaló: "La caída de menos de dos puntos en cuatro años indica que las medidas no han sido suficientes ni sostenidas".
La informalidad no afecta por igual a todas las regiones ni sectores. En zonas rurales y en la macrozona sur, donde la agricultura y actividades informales predominan, la tasa es considerablemente más alta. Además, los jóvenes, mujeres y migrantes son los grupos más vulnerables a quedar fuera del mercado formal.
El INE reporta que la informalidad alcanza hasta un 35% en algunas regiones del sur y supera el 40% en ciertos segmentos de población joven. Esto implica menores ingresos, falta de acceso a seguridad social y mayor exposición a la precariedad.
Tras analizar las cifras y las diversas voces, se concluye que la informalidad laboral en Chile es un fenómeno persistente y complejo, que no se reduce a un simple porcentaje o a un logro político puntual. La disminución marginal registrada en los últimos años refleja limitaciones estructurales y la necesidad de políticas más integrales y sostenidas.
Además, la disputa por las cifras evidencia cómo los datos pueden ser usados para construir relatos que buscan fortalecer posiciones políticas, pero que requieren siempre ser contrastados con la realidad social y económica.
En definitiva, la informalidad sigue siendo un desafío que afecta la calidad de vida de millones de chilenos y que exige un debate informado, plural y con perspectiva de largo plazo.
2025-11-05