Corte Suprema destituye a ministra Sabaj; Orrego enfrenta remoción y condenan a procurador por homicidio en dictadura: La justicia chilena en su encrucijada
El poder judicial chileno ha vivido en los últimos meses un verdadero terremoto institucional que desnudó tensiones profundas entre ética, política y memoria histórica.
El 10 de septiembre de 2025, la Corte Suprema destituyó a la ministra Verónica Sabaj, magistrada de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras comprobarse que mantuvo vínculos inapropiados con el abogado penalista Luis Hermosilla. Los intercambios de mensajes entre ambos, revelados inicialmente en enero, evidenciaron no sólo una relación personal sino también asesorías y estrategias procesales que comprometieron la independencia judicial. Sabaj fue acusada de violar principios fundamentales como la imparcialidad y la probidad, y su remoción se convirtió en la segunda de un juez vinculada a Hermosilla, un escándalo que ha puesto en jaque la confianza en el sistema.
Según el tribunal, Sabaj "incurrió en un mal comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia". Su defensa alegó vulnerabilidad psiquiátrica y abuso de confianza, pero el fallo fue categórico. Este caso no solo expone un quiebre ético, sino que también abre el debate sobre la influencia política en los nombramientos judiciales, dado que Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick gestionaron su ingreso a la Corte.
En paralelo, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) admitió a trámite la solicitud de remoción contra Claudio Orrego, gobernador metropolitano, acusándolo de abandono de deberes y probidad administrativa. La controversia gira en torno a auditorías de la Contraloría que detectaron irregularidades financieras por más de $1.800 millones, incluyendo gastos cuestionados como un programa de coaching ontológico vinculado a su campaña de reelección. Además, Orrego enfrenta una investigación penal por convenios con la fundación Procultura, relacionados con fondos públicos para prevención del suicidio.
Para sus detractores, "Orrego representa un caso paradigmático de mala gestión y uso político de recursos públicos". Por su parte, sus defensores denuncian persecución política y apelan a la presunción de inocencia. Este enfrentamiento revela la tensión entre control ciudadano y las complejidades administrativas en la gobernanza regional.
Finalmente, la justicia ratificó la condena a 15 años de cárcel contra Sergio Chiffelle Kirby, procurador de la Corte de Apelaciones de Santiago, por el homicidio de Marcelo Barrios Andrade, militante del FPMR, ocurrido en 1989 durante la dictadura. Este fallo marca un precedente al sancionar a un funcionario judicial activo por crímenes de lesa humanidad, reafirmando la vigencia de la justicia transicional en Chile.
El tribunal destacó que el homicidio fue cometido con premeditación y alevosía, desestimando la versión de enfrentamiento presentada por Chiffelle. La condena también incluye a otros exoficiales, aunque con penas menores, y recuerda que cuatro miembros de la patrulla fallecieron antes de ser procesados.
Estos tres casos, aunque distintos en naturaleza, convergen en un punto crucial: la búsqueda de transparencia, justicia y reparación en instituciones clave del país. La destitución de Sabaj muestra que la justicia puede corregirse desde adentro, pero también expone fragilidades en la selección y vigilancia de sus integrantes. La situación de Orrego pone en evidencia la dificultad de equilibrar la gestión pública con la rendición de cuentas, en un escenario político polarizado. Y la condena a Chiffelle reafirma que la memoria histórica y la justicia por violaciones a los derechos humanos siguen siendo temas pendientes y sensibles.
Para la ciudadanía, estos episodios invitan a reflexionar sobre la salud democrática y la confianza en las instituciones. La justicia chilena se encuentra en una encrucijada donde la transparencia y la ética se enfrentan a intereses políticos y heridas del pasado. La consecuencia inmediata es un desgaste institucional que solo podrá superarse con reformas profundas, vigilancia ciudadana y un compromiso real con la verdad y la reparación.
En definitiva, estos procesos judiciales no solo son casos aislados, sino síntomas de un sistema en tensión que obliga a Chile a mirar su pasado, su presente y su futuro con ojos críticos y exigentes.
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Fuentes: CIPER Chile (Anaiz Morales, 2025-09-10), La Tercera, Contraloría General de la República, Tribunal Calificador de Elecciones.