
En septiembre de 2025, la Corte Suprema de Chile enfrentó un episodio inédito que expuso las tensiones internas y el cuestionamiento público hacia la independencia judicial. El pleno extraordinario convocado para analizar el cuaderno de remoción contra la ministra Verónica Sabaj Escudero, suspendida desde entonces, puso en el centro del debate acusaciones graves que involucran favores, filtración de información y coordinación irregular con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el llamado "caso audios".
El escándalo estalló tras la filtración de chats de WhatsApp entre Sabaj y Hermosilla, que revelaban una relación de colaboración en nombramientos judiciales y manejo estratégico de recursos legales. Las conversaciones mostraban un entramado donde la jueza habría facilitado información reservada, incluyendo "tendencias políticas" de otros magistrados, para favorecer la presentación de recursos en momentos y salas convenientes.
La Corte Suprema estructuró las acusaciones en tres ejes:
Desde una perspectiva crítica, sectores que defienden la integridad judicial denuncian que estos hechos representan un quiebre ético, un abuso de poder y un riesgo para la independencia del Poder Judicial. Para ellos, la transparencia y la imparcialidad son pilares que no pueden ser vulnerados sin consecuencias severas.
Por otro lado, la defensa de Sabaj, encabezada por el abogado Héctor Parra, argumenta que no hay elementos que prueben corrupción o contraprestación económica, calificando los hechos más bien como "imprudencias" o errores de juicio, que si bien son reprochables, no justifican una destitución definitiva. “No estamos frente a un caso de corrupción, sino a prácticas cuestionables que deben ser sancionadas con proporcionalidad”, ha señalado la defensa.
En el plano político, la controversia ha sido recibida con cautela. Algunos sectores de la derecha insisten en que el caso revela una red de influencias que debe ser erradicada para restaurar la confianza ciudadana. Mientras, voces de izquierda advierten que la judicialización excesiva de la política puede ser usada para presionar y disciplinar a jueces incómodos.
La repercusión de este caso no se limitó a Santiago. En regiones, la percepción ciudadana sobre la justicia se ha visto afectada, alimentando la desconfianza y el desencanto con las instituciones. Encuestas recientes muestran que un 62% de la población considera que la justicia chilena está politizada o influenciada por intereses particulares.
Además, organizaciones de la sociedad civil y expertos en ética judicial han llamado a reformas profundas para transparentar los procesos de nombramientos y fortalecer los mecanismos de control interno.
Tras meses de análisis, audiencias y debates, la Corte Suprema aún no ha emitido una resolución definitiva sobre la permanencia o remoción de la jueza Sabaj. Sin embargo, este caso ha puesto en evidencia varias verdades ineludibles:
- La justicia chilena enfrenta un desafío serio para recuperar la confianza pública.
- Las prácticas informales y redes de influencia, aunque no siempre corruptas en sentido estricto, erosionan la percepción de imparcialidad.
- La línea entre imprudencia y corrupción es difusa y objeto de intensos debates jurídicos y éticos.
En definitiva, la saga de Verónica Sabaj es más que la historia de una jueza cuestionada: es el reflejo de un sistema en tensión, donde las reglas no escritas y la política se entrecruzan, dejando al descubierto las fragilidades de un poder que debe ser, ante todo, garante de justicia y equidad. La ciudadanía, expectante, observa cómo se definirá este capítulo, consciente de que el veredicto tendrá repercusiones más allá de los muros del Palacio de Tribunales.