
En un fallo que cierra un capítulo pendiente de la historia chilena, la Corte Suprema condenó a 15 años de cárcel al exoficial de la Armada y procurador judicial Sergio Chiffelle Kirby por el homicidio de Marcelo Barrios Andrade, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ocurrido en 1989 durante los últimos años de la dictadura. El 9 de septiembre de 2025, la Segunda Sala de la Suprema ratificó la sentencia definitiva que confirma que Chiffelle fue el autor material y planificador del asesinato.
Los hechos se remontan a la tarde del 31 de agosto de 1989 en Valparaíso, cuando Chiffelle, capitán de corbeta y miembro de la Agrupación de Comandos de la Infantería de Marina, lideró una patrulla que allanó la vivienda de Barrios. Contrario a la orden oficial de captura, la patrulla instaló explosivos y atacó la casa, donde solo estaba Barrios, quien fue acribillado tras la detonación. La justicia determinó que no hubo enfrentamiento, como inicialmente se argumentó para justificar el homicidio.
“Fue un hecho completamente desproporcionado… jamás hubo un enfrentamiento”, declaró el detective Manuel Villarroel, testigo clave en la investigación.
Durante décadas, la versión oficial sostuvo que Barrios murió en un enfrentamiento armado. Chiffelle mismo defendió esta postura, que fue reproducida por la prensa de la época. Sin embargo, testimonios y pruebas periciales desmintieron esa versión. El arma que supuestamente usó Barrios era antigua y defectuosa, y no hay evidencia de que la haya disparado.
Este contraste de relatos refleja la dificultad de desentrañar la verdad en un contexto marcado por la censura y la impunidad institucional. La justicia naval inicialmente desestimó las acusaciones contra Chiffelle, quien incluso fue condecorado, hasta que la investigación fue reabierta y trasladada a tribunales civiles.
La condena ha generado reacciones contrapuestas. Para la familia de Barrios, la sentencia es un reconocimiento tardío pero necesario. “El Estado, luego de 36 años de lucha, efectúa justicia de manera tardía y parcial”, señaló Gladys Barrios Andrade, hermana de la víctima, destacando que otros responsables murieron sin ser juzgados y que quedan pendientes investigaciones sobre fiscales navales de la época.
Por otro lado, el entorno judicial y político observa con inquietud el proceso, cuestionando la demora y las implicancias para la institucionalidad. El abogado defensor de Chiffelle declinó hacer declaraciones.
Este fallo no solo cierra una causa judicial, sino que reaviva el debate sobre la memoria y la justicia en Chile. La Corte de Apelaciones de Valparaíso además ordenó una indemnización de 280 millones de pesos a la familia Barrios. La sentencia reconoce el “manto de impunidad” que cubrió el crimen durante décadas y señala la importancia de enfrentar los crímenes políticos para fortalecer el Estado de Derecho.
El caso expone la tensión entre el relato oficial impuesto por la dictadura y las voces que emergen desde la sociedad civil y los tribunales para exigir verdad y reparación. La justicia tardía, aunque imperfecta, se convierte en un mecanismo indispensable para la reconciliación y la reflexión nacional.
- La condena a Chiffelle confirma que el asesinato de Marcelo Barrios fue un homicidio premeditado y no un enfrentamiento legítimo.
- La demora de 36 años refleja las dificultades estructurales para juzgar crímenes de la dictadura, entre impunidad y resistencia institucional.
- La reparación económica y simbólica es un paso, pero quedan pendientes investigaciones y procesos para esclarecer plenamente la red de responsabilidades.
- Este caso ilustra cómo la historia reciente de Chile sigue siendo un campo de batalla entre narrativas contrapuestas, donde la justicia y la memoria juegan roles fundamentales.
Este episodio invita a una reflexión profunda sobre el peso del pasado en la construcción del presente y la importancia de una justicia que no haga distinciones ni olvide a sus víctimas.