La Guerra Silenciosa del Mar Chileno: Anatomía de la Ley de Fraccionamiento Pesquero y el Veredicto que Redefinió el Poder en la Costa

Inicio Contextualizado: Las Olas Después de la Tormenta Legislativa

A más de dos meses de que el Tribunal Constitucional (TC) sellara el destino legislativo de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, el ruido del debate en el Congreso ha sido reemplazado por una tensión palpable en las caletas y los directorios de las grandes empresas. La ley, que modifica sustancialmente el reparto de las cuotas de captura entre el sector industrial y el artesanal, es hoy una realidad jurídica. Sin embargo, su promulgación no marcó el fin del conflicto, sino el comienzo de un nuevo capítulo: una batalla judicial y económica cuyas consecuencias a largo plazo apenas comienzan a vislumbrarse.

Desarrollo Analítico: La Anatomía de un Quiebre

La médula de la reforma es la redistribución de la riqueza marina. El cambio más emblemático fue en la pesquería del jurel, un recurso estratégico para Chile. La cuota del sector industrial se redujo del 90% al 70%, reasignando ese 20% al sector artesanal. Para los impulsores de la ley, encabezados por el Ejecutivo, esta era una medida de justicia histórica, un intento por corregir los desequilibrios de la anterior Ley de Pesca —conocida como "Ley Longueira"—, largamente cuestionada por su origen y por presuntamente favorecer a los grandes conglomerados.

La reacción del sector industrial fue inmediata y contundente. Gremios como los Pescadores Industriales del Biobío, representados por su presidenta Macarena Cepeda, advirtieron sobre un "duro golpe a la industrialización" y a la certeza jurídica. La pérdida de cuota, valorada en decenas de millones de dólares, no solo afectaba sus balances, sino que ponía en riesgo, según ellos, miles de empleos directos e indirectos en regiones cuya economía depende fuertemente de esta actividad.

La tensión escaló rápidamente del discurso a la acción. A fines de abril, Pesquera Camanchaca anunció la conformación de un equipo legal, liderado por el abogado Jorge Bofill, para estudiar acciones contra el Estado. Su gerente general, Ricardo García, calificó la ley como un atentado contra los "derechos adquiridos" y el patrimonio de la compañía, argumentando que se trataba de una expropiación sin la debida compensación. Poco después, el 7 de mayo, Pesquera Landes materializó la amenaza, interponiendo la primera acción judicial para exigir al Estado los fundamentos técnicos y jurídicos que sustentaban una reforma tan drástica, acusando un proceso de "contrabando legislativo".

Perspectivas Contrastadas: Dos Mares en un Mismo País

El conflicto expone dos visiones antagónicas sobre el desarrollo y la equidad en el mar chileno:

• La Visión Industrial: Para las grandes pesqueras, la ley representa la ruptura de un pacto. Las Licencias Transables de Pesca (LTP), vigentes hasta 2032, constituían un derecho de propiedad sobre el cual basaron inversiones millonarias. El cambio unilateral de las reglas del juego, sin indemnización, es visto como una señal regulatoria peligrosa que desincentiva la inversión a largo plazo. Un estudio del exsubsecretario Andrés Couve proyectó una pérdida patrimonial de US$ 410 millones para el sector. Su narrativa es la de la defensa de la estabilidad, la seguridad jurídica y el motor económico que representan para el país.

• La Visión Redistributiva: Desde la vereda del gobierno y los defensores de la ley, la medida es un acto de soberanía y justicia social. Se argumenta que los recursos marinos son bienes nacionales de uso público y que el Estado tiene la facultad de regular su explotación en pos del bien común. Esta perspectiva busca fortalecer a un sector artesanal históricamente postergado. No obstante, voces críticas dentro de la propia industria, como la de Ricardo García, introdujeron un matiz: el beneficio no iría necesariamente al pescador de subsistencia, sino a dueños de embarcaciones artesanales de mayor tamaño, desdibujando la imagen de una simple transferencia de David a Goliat.

• El Veredicto del Tribunal Constitucional: La última batalla legislativa se libró en el TC. Parlamentarios de oposición impugnaron un artículo sobre el pago de patentes, argumentando un vicio de procedimiento. Sin embargo, el TC declaró el recurso inadmisible por ser extemporáneo: fue presentado un día después de que la ley fuera promulgada. El fallo fue un triunfo para el gobierno, pero es crucial entender que el tribunal no se pronunció sobre el fondo del asunto —la constitucionalidad de la reasignación de cuotas—. Simplemente, cerró la puerta a la discusión en esa instancia por un tecnicismo.

Contexto Histórico y Estado Actual: Un Conflicto que Muta

Esta disputa no es un hecho aislado. Es el más reciente episodio de una larga saga sobre el control de los recursos pesqueros en Chile, marcada por la polémica "Ley Longueira" de 2012. La nueva ley es, en esencia, una contrarreforma que busca desmantelar parte de ese legado.

Hoy, con la ley en plena vigencia, el conflicto ha mutado. La discusión ya no está en el Congreso, sino en los tribunales civiles. Las demandas de compensación de pesqueras como Landes y Camanchaca serán el nuevo epicentro de la tensión. El veredicto final sobre el impacto real de esta ley —en el empleo, en la sostenibilidad de los recursos y en la equidad social del sector— aún está por escribirse en las aguas del Pacífico y en los fallos de la justicia.