
Un paso adelante con sombras
El pasado 9 de septiembre de 2025, la Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula la eutanasia en Chile, tras más de cuatro años de tramitación. Sin embargo, la iniciativa llegó a la sala con modificaciones impulsadas por el Ejecutivo que han generado una división profunda en la política y en la sociedad.
Las indicaciones más controversiales eliminan la posibilidad de que la eutanasia sea aplicada a menores de edad y descartan la afectación psicológica como causal válida para solicitar la muerte asistida. Además, se restringió la objeción de conciencia exclusivamente a nivel individual, prohibiendo que instituciones de salud puedan negarse a practicar el procedimiento.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, defendió estos cambios: 'Somos respetuosos de las creencias, pero también de la autonomía para decidir en condiciones específicas'.
Un Senado dividido en trincheras
La votación en la Comisión fue estrecha: tres votos a favor (Juan Luis Castro, Ximena Órdenes e Iván Flores) y dos en contra (Francisco Chahuán y Sergio Gahona). Este último incluso presentó una reserva de constitucionalidad, invocando derechos fundamentales como el derecho a la vida y la libertad de conciencia.
En la sala del Senado, el proyecto enfrenta un escenario complejo: la mayoría de Chile Vamos (UDI y RN) se opone, mientras que Evópoli y sectores progresistas impulsan su aprobación. La ausencia prolongada del senador Jorge Soria (PPD) por motivos de salud añade incertidumbre sobre la votación final.
Perspectivas en conflicto
Desde la izquierda y sectores progresistas, la ley es vista como un avance en derechos humanos y dignidad, que reconoce la autonomía del paciente frente al sufrimiento terminal. Voces como la del senador Juan Luis Castro enfatizan que negar la eutanasia en estos casos perpetúa el dolor innecesario.
Por otro lado, la derecha conservadora denuncia que la ley atenta contra valores éticos fundamentales y puede abrir la puerta a abusos, especialmente al excluir la protección institucional mediante la objeción de conciencia. Sergio Gahona argumenta que la norma vulnera derechos constitucionales y la protección de la vida.
En la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y grupos médicos se encuentran divididos. Mientras algunos defienden la autonomía y el alivio del sufrimiento, otros advierten sobre la necesidad de un debate más profundo sobre las implicancias psicológicas y sociales.
Un proyecto con raíces y consecuencias
El proyecto es el resultado de la fusión de cuatro iniciativas presentadas entre 2011 y 2018 por diversos parlamentarios de distintas tendencias políticas. Definió la eutanasia como la conducta que causa directamente la muerte de un paciente con enfermedad terminal incurable, siempre que la solicitud sea voluntaria y autorizada.
Sin embargo, las modificaciones recientes han estrechado los criterios, excluyendo a menores y pacientes con sufrimiento psicológico, lo que ha sido interpretado como un retroceso por algunos y una garantía ética por otros.
Conclusiones y desafíos futuros
Este episodio revela la complejidad de legislar sobre temas bioéticos que tocan valores fundamentales y derechos humanos. La polarización refleja no solo diferencias ideológicas, sino también profundas disonancias culturales y morales en Chile.
El avance legislativo es indudable, pero el camino hacia una ley definitiva será tortuoso, condicionado por el pulso político y las tensiones sociales. La discusión pública deberá profundizar en aspectos como la objeción de conciencia, la inclusión de criterios psicológicos y la protección de grupos vulnerables.
En última instancia, la ley de eutanasia no solo interroga al Parlamento, sino a toda la sociedad chilena sobre cómo entendemos la vida, la autonomía y la dignidad en el siglo XXI.