La Corte Suprema de EEUU redefine el alcance presidencial sobre aranceles: un pulso con consecuencias globales
En septiembre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar en un procedimiento acelerado la legalidad de los aranceles impuestos por Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Esta ley, vigente desde 1977, había sido utilizada históricamente para sanciones y congelación de activos, pero nunca antes para imponer aranceles comerciales. La controversia gira en torno a si el presidente puede, sin autorización explícita del Congreso, imponer gravámenes aduaneros bajo una ley diseñada para emergencias nacionales.
El caso tiene su origen en un fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington que determinó que Trump se extralimitó al invocar la IEEPA para imponer la mayoría de sus aranceles globales. Sin embargo, los aranceles permanecen vigentes mientras la Corte Suprema evalúa el fondo del asunto.
Este pulso judicial no solo cuestiona el uso de una herramienta legal para fines comerciales, sino que también pone en tensión la separación de poderes en la política estadounidense. Por un lado, el Departamento de Justicia sostiene que la ley otorga facultades presidenciales para "regular" importaciones en situaciones de amenaza extraordinaria, como el tráfico de drogas ilícitas o déficits comerciales severos. Por otro, críticos y opositores argumentan que la Constitución reserva al Congreso la potestad exclusiva para establecer impuestos y aranceles, y que la delegación de autoridad debe ser clara y limitada.
Desde una perspectiva política, el caso ha polarizado opiniones: los republicanos pro-Trump defienden la medida como una herramienta necesaria para proteger la industria nacional y renegociar acuerdos comerciales, mientras que sectores demócratas y liberales denuncian un abuso de poder y un precedente peligroso para la democracia estadounidense. En el plano internacional, los aranceles han tensionado relaciones con socios clave como China, Canadá y México, generando incertidumbre en mercados y cadenas de suministro.
El impacto económico es tangible: la volatilidad en los mercados financieros aumentó desde la imposición de estos gravámenes, y sectores productivos han reportado costos adicionales y dificultades para planificar a largo plazo. A nivel social, grupos industriales y consumidores expresan inquietudes sobre el encarecimiento de productos y la afectación a la competitividad.
En la arena judicial, la rapidez con que la Corte Suprema programó los alegatos orales para noviembre refleja la urgencia y relevancia del asunto. Además, el tribunal decidió escuchar un desafío paralelo presentado por la empresa Learning Resources, lo que amplía la discusión sobre el alcance de la IEEPA.
Tres meses después, la decisión del máximo tribunal estadounidense sigue pendiente, pero ya ha dejado claras varias verdades y consecuencias:
- La tensión entre Poder Ejecutivo y Legislativo en materia comercial es un debate abierto que trasciende la administración Trump.
- La utilización de leyes antiguas para fines novedosos puede generar conflictos constitucionales y políticos inesperados.
- Las decisiones sobre aranceles tienen un efecto directo en la estabilidad económica global y en las relaciones diplomáticas.
Este caso no solo enfrenta a jueces, políticos y empresarios, sino que invita a la sociedad a reflexionar sobre los límites del poder y la complejidad de la gobernanza en un mundo interconectado y cambiante.