Protestas en Nepal derriban al primer ministro: la Generación Z contra la censura y la corrupción

Nepal ha vivido un estallido social que marcó un antes y un después en su historia reciente. El 8 y 9 de septiembre de 2025, miles de jóvenes —autodenominados la Generación Z— salieron a las calles de Katmandú y otras ciudades para protestar contra la prohibición de 26 plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube, impuesta por el gobierno. Pero la medida, que buscaba un control estatal más estricto bajo el argumento de combatir noticias falsas y discursos de odio, fue percibida como un ataque autoritario a la libertad de expresión y un síntoma más de una corrupción sistémica que afecta a Nepal desde hace años.

El choque entre el poder y una juventud movilizada

Las protestas, que comenzaron con manifestaciones pacíficas y masivas, rápidamente derivaron en enfrentamientos violentos con la policía. Al menos 21 manifestantes murieron y más de 300 resultaron heridos, muchos de ellos por disparos de munición real, según confirmaron médicos y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. La violencia alcanzó su punto más álgido cuando manifestantes incendiaron el edificio del Parlamento y las residencias de importantes líderes políticos, incluido el primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli y el líder del principal partido opositor, Sher Bahadur Deuba.

“Estoy aquí para protestar contra la corrupción masiva en nuestro país”, declaró Bishnu Thapa Chetri, un estudiante que participó en las movilizaciones, reflejando un sentimiento generalizado entre los jóvenes.

Dimisiones que evidencian la crisis política

En medio de la presión social y política, el primer ministro Oli presentó su renuncia, argumentando la necesidad de una “solución política” ante la situación extraordinaria que vive el país. También renunció el ministro del Interior, Ramesh Lekhak, quien adujo razones éticas tras la muerte de manifestantes y la escalada de violencia policial. Otros cuatro ministros siguieron sus pasos, evidenciando la fractura interna del gobierno.

Estas dimisiones no solo muestran la gravedad de la crisis, sino que también reflejan la incapacidad del Estado para canalizar las demandas ciudadanas y gestionar el descontento social.

Diversas perspectivas sobre el conflicto

Desde el oficialismo, algunos sectores justificaron la regulación de redes sociales como necesaria para combatir la desinformación y proteger la estabilidad social. Sin embargo, críticos y opositores denunciaron que la medida fue un pretexto para censurar voces críticas y perpetuar prácticas clientelistas y nepotistas.

“La prohibición de redes sociales es solo la excusa; la verdadera lucha es contra la corrupción que corroe las instituciones”, afirmó Sabana Budathoki, activista local.

Las protestas también evidenciaron un fenómeno generacional: la Generación Z, acostumbrada a la comunicación digital, sintió que se le arrebataba un espacio fundamental para expresarse y organizarse. La campaña digital con hashtags como #NepoKids y #NepoBabies, que denunciaban el nepotismo político, fue un elemento clave para articular y visibilizar las demandas.

Consecuencias y enseñanzas

La revuelta nepalí dejó en claro que las medidas autoritarias, especialmente las que afectan libertades digitales, pueden desencadenar crisis profundas cuando se combinan con problemas estructurales como la corrupción y la falta de representatividad política. La caída del primer ministro y la renuncia de varios ministros indican que la presión social puede forzar cambios en gobiernos que pierden legitimidad.

A mediano plazo, Nepal enfrenta el desafío de reconstruir la confianza entre sus ciudadanos y las instituciones, así como de repensar la regulación digital en un contexto que respete los derechos fundamentales. La experiencia también subraya el poder de las nuevas generaciones para movilizarse y exigir transformaciones profundas, incluso en contextos políticos complejos y resistentes al cambio.

En definitiva, la crisis nepalí es un recordatorio de que la política no puede desvincularse de la realidad social y que la censura y la corrupción son combustibles peligrosos para la estabilidad democrática.

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Fuentes consultadas incluyen BBC News Mundo, La Tercera, El País, Cooperativa.cl y Amnistía Internacional.