Presupuesto 2026: La disputa que desnuda la crisis de confianza en la austeridad fiscal

Un pulso político que fue más allá del trámite parlamentario. El 29 de octubre de 2025, la Comisión Mixta de Presupuestos vivió un hecho inédito: la oposición rechazó casi todas las partidas del Presupuesto 2026, acusando al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, de usar el proceso con fines electorales. Este rechazo no fue solo un gesto simbólico, sino una señal profunda de desconfianza y descontento con la forma en que el Ejecutivo ha planteado el manejo fiscal.

El origen de la crisis se remonta a septiembre, cuando el ministro Grau anunció recortes para “cuadrar la caja” y cumplir la meta de déficit fiscal de 1,1% del PIB. Entre estos ajustes, destacó una baja global del 1,9% para los gobiernos regionales y recortes en algunos ministerios, con un foco en mantener la financiación de urgencias sociales.

Sin embargo, la concreción de estas medidas fue recibida con escepticismo. “Lo que ha mostrado el gobierno son cifras demasiado gruesas, no ha entrado al detalle y por lo tanto hay muy poca información”, acusó el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en una entrevista posterior al rechazo. Para Ramírez, la ausencia de claridad sobre montos específicos imposibilita una negociación seria y obliga al Congreso a hacer recortes poco precisos y arbitrarios.

Esta crítica no fue exclusiva de la derecha. Parlamentarios de izquierda también manifestaron que el presupuesto, en su forma actual, es inaceptable, evidenciando un raro consenso transversal en torno a la necesidad de mayor transparencia y austeridad más audaz.

Desde el Ejecutivo, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, defendió los recortes como parte de un proceso técnico y legal complejo: “El informe habla de traspasar funciones, no eliminar un ministerio (...) son modificaciones institucionales y muchas veces legales, que superan nuestra administración”. Esta explicación apunta a la dificultad de implementar ajustes profundos en un Estado con estructuras rígidas y obligaciones legales que limitan la flexibilidad fiscal.

El choque refleja un escenario donde la austeridad fiscal se transforma en un campo de batalla político y social. Por un lado, el Ejecutivo busca cumplir metas macroeconómicas que garanticen estabilidad y confianza internacional. Por otro, la oposición demanda que esos ajustes no sacrifiquen la calidad ni la cobertura de servicios públicos esenciales.

Desde una mirada regional, el recorte global del 1,9% en gobiernos locales ha generado alarma entre alcaldes y gobernadores, quienes advierten que esta merma puede afectar proyectos de desarrollo y la atención a las demandas ciudadanas. “Nos están pidiendo hacer más con menos, en un contexto donde las desigualdades persisten”, señaló un alcalde de la zona norte, reflejando la preocupación de territorios que históricamente han estado al margen de la distribución del gasto.

Este escenario ha abierto un debate más amplio sobre la forma en que Chile enfrenta sus desafíos fiscales en un contexto de incertidumbre económica global y demandas sociales crecientes. La falta de detalle y la percepción de opacidad en el proceso presupuestario alimentan la desconfianza ciudadana y dificultan la construcción de acuerdos duraderos.

En conclusión, el rechazo masivo al Presupuesto 2026 y la crisis de confianza que lo acompaña evidencian que la austeridad no es solo un ejercicio técnico, sino un desafío político y social que requiere mayor transparencia, diálogo y responsabilidad compartida. La negociación que se viene en el Congreso no solo definirá números, sino que pondrá a prueba la capacidad del sistema político chileno para gestionar la tensión entre disciplina fiscal y demandas sociales, en un escenario donde la paciencia ciudadana parece estar al límite.