Denuncia en Puente Alto revela uso irregular de recursos municipales para campañas de RN: un conflicto que trasciende lo administrativo

En Puente Alto, un municipio que ha sido escenario de tensiones políticas y administrativas, el alcalde Matías Toledo presentó el 12 de noviembre de 2025 una denuncia formal ante la Contraloría General de la República que pone en el centro del debate la utilización indebida de recursos públicos para fines electorales. La acusación apunta directamente a Cristián Urribarri, exasesor contratado durante la gestión del exalcalde Germán Codina, a quien se le imputa haber confeccionado material gráfico de campañas políticas de figuras de Renovación Nacional (RN) utilizando tiempo laboral y equipos municipales.

La investigación interna, iniciada tras una denuncia anónima el 1 de abril de este año, encontró que Urribarri habría elaborado material para la excandidata a alcaldesa Karla Rubilar, el exgobernador Francisco Orrego, el concejal Andrés Codina, así como para el senador Manuel José Ossandón y el exdiputado Leopoldo Pérez. La gravedad del caso se acentúa con el hallazgo de sabotaje físico y formateo en los equipos informáticos usados, aunque un peritaje forense logró recuperar 1.126 GB de datos, incluyendo conversaciones de WhatsApp con órdenes directas para la confección del material.

Este caso no solo desvela una aparente mala praxis administrativa, sino que también pone en evidencia las tensiones políticas que atraviesan Puente Alto. Por un lado, la administración de Toledo denuncia un déficit severo heredado de la gestión anterior, mientras que desde RN y la defensa de Urribarri se habla de "persecución política, acoso laboral y violación a la privacidad". Urribarri sostiene que "esta situación ha sido utilizada e instrumentalizada con fines políticos, ad portas de las elecciones presidenciales", y anuncia acciones legales contra la Corporación Municipal y el alcalde Toledo.

Más allá del uso irregular de recursos, la denuncia incluye elementos que complican el panorama: Urribarri habría desempeñado simultáneamente labores como asesor del comité de senadores de RN y en la Municipalidad de Zapallar, lo que para la administración actual representa una incompatibilidad laboral, especialmente considerando que estas funciones se desarrollaban en distintas regiones. Además, se cuestiona un aumento salarial de más del 100% sin documentación justificatoria, y un posible conflicto de interés derivado de su relación matrimonial con la entonces directora de comunicaciones de la Corporación de Educación y Salud de Puente Alto.

Desde la perspectiva política, este episodio evidencia un choque frontal entre dos visiones: una administración que busca limpiar y transparentar la gestión municipal, y una oposición que denuncia que estas acciones se enmarcan en una estrategia para debilitar a RN y sus figuras de cara a las próximas elecciones. En el plano social, la controversia ha generado inquietud en la comunidad local, que observa con preocupación cómo los recursos que deberían destinarse a servicios públicos se ven envueltos en disputas partidistas.

Este caso pone en evidencia la complejidad de la relación entre política y administración pública en Chile, donde las fronteras entre lo institucional y lo partidista suelen diluirse. Las consecuencias de esta denuncia podrían extenderse más allá de Puente Alto, abriendo un debate sobre la ética en la gestión municipal y la necesidad de controles más rigurosos para evitar la utilización de recursos públicos en campañas políticas.

En definitiva, la historia que comenzó con una denuncia anónima ha devenido en un escenario de acusaciones cruzadas, investigaciones técnicas y tensiones políticas que reflejan un problema estructural. La verdad que se puede constatar hasta ahora es que el uso indebido de recursos públicos para fines electorales no solo afecta la confianza ciudadana, sino que también expone las vulnerabilidades del sistema de control interno en las municipalidades. El desenlace de esta historia dependerá en gran medida de las decisiones que tome la Contraloría y de las acciones legales que se deriven, pero ya ha dejado una marca visible en la política local y en el debate sobre la transparencia en la gestión pública.