En septiembre de 2025, el Ejército de Israel intensificó sus bombardeos en la Franja de Gaza, apuntando a torres residenciales donde, según sus informes, Hamas habría instalado infraestructura para actividades terroristas. Esta ofensiva, que se ha cobrado miles de vidas y generado una crisis humanitaria sin precedentes, ha puesto en el centro del debate internacional la tensión entre la legítima defensa y el respeto a los derechos humanos.
El origen de esta escalada se remonta a la decisión israelí de llevar a cabo ataques "de precisión" contra infraestructuras que considera amenazas directas, incluyendo edificios residenciales. "Terroristas de Hamas instalaron equipamiento para la recopilación de inteligencia, explosivos y puestos de observación en el edificio", afirmó el Ejército israelí, justificando así los bombardeos. Sin embargo, la población civil, que habita en estas zonas, ha sido la principal víctima, con más de 64.500 palestinos muertos y 163.000 heridos reportados por autoridades gazatíes.
Desde Gaza, las voces se alzan con fuerza denunciando una estrategia que, a su juicio, utiliza la narrativa de la seguridad para justificar ataques indiscriminados. "El Gobierno de Netanyahu recurre a mentiras flagrantes para justificar sus ataques", sostiene Hamás, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación la hambruna y el bloqueo humanitario que agravan la crisis.
En Israel, el discurso oficial insiste en que las acciones militares buscan proteger a su población de ataques terroristas. Las autoridades destacan las medidas tomadas para minimizar daños colaterales, como las órdenes de evacuación previas a los bombardeos. No obstante, organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales cuestionan la proporcionalidad y legalidad de estas operaciones, señalando el uso de escudos humanos y la vulnerabilidad de civiles atrapados en el fuego cruzado.
Regionalmente, el conflicto ha exacerbado las tensiones en Medio Oriente, polarizando opiniones y dificultando esfuerzos diplomáticos. Mientras algunos países respaldan la postura israelí, otros condenan los ataques y llaman a un alto al fuego inmediato, evidenciando la fragmentación política y la complejidad para encontrar una solución duradera.
Más allá de los discursos oficiales, las historias humanas revelan la dimensión real de la tragedia. En Gaza, familias desplazadas viven en condiciones precarias, enfrentando la escasez de alimentos, agua y electricidad. En Tel Aviv, ciudadanos expresan temor ante la amenaza constante de ataques con cohetes, lo que alimenta la justificación de las operaciones militares.
Estas narrativas paralelas muestran la disonancia cognitiva que atraviesa a ambas sociedades, donde el miedo y la pérdida se entrelazan con la búsqueda de seguridad y justicia.
A casi tres meses del inicio de esta nueva fase de violencia, es posible concluir que:
- El conflicto ha profundizado la crisis humanitaria en Gaza, con impactos que trascienden la esfera militar y afectan la salud, la educación y la economía.
- La estrategia de atacar infraestructuras residenciales ha generado un debate ético y legal que no encuentra consenso, reflejando la dificultad de aplicar el Derecho Internacional en conflictos asimétricos.
- Las voces en pugna, desde gobiernos hasta ciudadanos, evidencian que la solución no solo es militar, sino que requiere un enfoque político y social integral.
En definitiva, la tragedia en Gaza no solo es un episodio más en la historia del conflicto israelo-palestino, sino un llamado urgente a repensar las dinámicas que perpetúan el sufrimiento y a buscar caminos que permitan la convivencia y la paz.
2025-11-05