Voto obligatorio en Chile: ¿un avance democrático o un desafío pendiente?: La prueba electoral que revela tensiones políticas y sociales

Chile ha entrado en una nueva etapa electoral con la implementación del voto obligatorio, una reforma que desde 2022 busca robustecer la democracia aumentando la participación ciudadana. El 15 de noviembre de 2025, más de 13 millones de personas acudieron a las urnas para la primera vuelta presidencial, superando ampliamente las cifras históricas desde el retorno a la democracia. Este fenómeno, sin embargo, no solo celebra un récord de participación, sino que desata un complejo debate político y social que todavía se está dirimiendo en el país.

La prueba mayor: un sistema electoral bajo presión

Desde el principio, el sistema electoral chileno se ha destacado por su transparencia y legitimidad. “Chile ha desarrollado un estándar ejemplar: el voto es secreto, el proceso es limpio y los resultados se conocen con celeridad y certeza”, recordó Gustavo Campos, investigador del CDOP de la Universidad Central. Esta confianza institucional es puesta a prueba cuando el padrón electoral crece a 15,7 millones de personas y la participación estimada roza el 85%, una cifra inédita para una primera vuelta presidencial.

Pero esta prueba mayor no solo es técnica. Representa también un desafío político: ¿cómo interpretar el voto de cinco millones de ciudadanos que antes no votaban y que ahora, por ley, deben hacerlo? La mayoría de estos nuevos votantes se ubica entre los 30 y 40 años, pertenecientes a sectores populares, un segmento que tradicionalmente ha estado menos representado en las urnas.

Entre sanciones y voluntades: el debate sobre la obligatoriedad efectiva

El voto obligatorio en Chile no ha estado exento de polémicas. A pocos días de la elección, persistía la incertidumbre sobre la aplicación de multas a quienes no cumplieran con el deber de votar. La Cámara de Diputados aprobó inicialmente un proyecto sin sanciones económicas, pero el Senado las reincorporó, fijándolas entre 0,5 y 1,5 UTM (aproximadamente $35.000 a $103.000).

Este tira y afloja legislativo refleja tensiones profundas: por un lado, la necesidad de asegurar que el voto obligatorio sea efectivo y no solo una norma simbólica; por otro, el temor a castigar a sectores vulnerables o a generar rechazo social. Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos de Libertad y Desarrollo, expresó preocupación por la falta de claridad en las reglas a pocos días de la elección, advirtiendo que “algunos legisladores se ven tentados a privilegiar la conveniencia electoral sobre las normas que habilitan la democracia”.

Además, el debate alcanza a los votantes extranjeros, cuya inclusión en el padrón electoral ha sido objeto de reformas constitucionales y legislativas que aún esperan definición final, incluso en el Tribunal Constitucional.

Voces contrapuestas: entre optimismo y escepticismo

El oficialismo ve en esta reforma un avance histórico. La alta participación es interpretada como una señal de mayor legitimidad para las autoridades electas y un reflejo más fiel del sentir ciudadano. Desde sectores opositores, sin embargo, se advierte que la masificación del voto no garantiza por sí sola una democracia más representativa si no se acompañan reformas políticas profundas, como la reducción del número de partidos o la mejora en la calidad del debate público.

Por su parte, académicos y analistas subrayan que la verdadera prueba será cómo se comporten estos nuevos votantes en la segunda vuelta y en futuras elecciones, y si su inclusión modifica las dinámicas tradicionales del poder político en Chile.

Conclusiones: un avance con tareas pendientes

El voto obligatorio ha logrado elevar la participación electoral a niveles inéditos, fortaleciendo la base democrática del país. Sin embargo, esta reforma también ha puesto en evidencia vacíos y desafíos: la necesidad de reglas claras y consensuadas, la discusión pendiente sobre sanciones y la integración de nuevos sectores en el sistema político.

Chile enfrenta ahora la tarea de consolidar este avance con reformas integrales que permitan traducir la mayor participación en una democracia más representativa y eficiente. Como en un escenario donde los gladiadores políticos se enfrentan a la mirada atenta de un público exigente, el país observa y espera que esta nueva etapa no solo sea un espectáculo de cifras, sino un verdadero salto hacia una mejor calidad democrática.