
A poco más de dos meses desde las recientes Fiestas Patrias, el debate sobre el aguinaldo entregado a los trabajadores del sector público vuelve a tomar fuerza, no solo por sus montos, sino por las implicancias sociales y laborales que ha dejado a la vista.En septiembre de 2025, el aguinaldo entregado a empleados públicos contempló dos tramos: $88.667 para quienes perciben una remuneración líquida igual o inferior a $1.025.622, y $61.552 para quienes superan ese monto, conforme a la Ley 21.724. Esta medida, pensada para aliviar los gastos típicos de las celebraciones patrias, ha sido recibida con alivio por muchos, pero también con cuestionamientos y voces críticas que llaman a mirar más allá del monto puntual.
El aguinaldo, tradicionalmente entregado entre el 18 y 24 de septiembre, en 2025 registró entregas dispersas, con algunas instituciones adelantando el pago al 16 y otras retrasándolo sin fecha clara.Esta falta de uniformidad generó incertidumbre y críticas desde sindicatos y trabajadores, que denunciaron la ausencia de una fecha oficial y la dificultad para planificar gastos. Desde el Ministerio de Hacienda, se argumentó que la dispersión obedeció a procesos administrativos internos y ajustes presupuestarios, pero la percepción ciudadana fue que la entrega debería ser más clara y coordinada.
Mientras el sector público goza de este beneficio garantizado por ley, el sector privado queda a merced de contratos o convenios colectivos, sin obligatoriedad de entrega."Para muchos trabajadores privados, el aguinaldo es un lujo, no una garantía", señala desde la CUT un dirigente sindical nacional. Esta disparidad ha reavivado el debate sobre la equidad laboral y la necesidad de extender beneficios sociales a todos los trabajadores, especialmente en un contexto económico donde la inflación y el costo de la vida siguen presionando los ingresos.
Desde sectores conservadores, el aguinaldo es valorado como un derecho adquirido y un estímulo para el consumo interno durante septiembre."Es un reconocimiento justo al esfuerzo de los trabajadores públicos", argumenta un parlamentario de derecha. Sin embargo, desde la izquierda y movimientos sociales, se cuestiona la insuficiencia del monto y la falta de universalidad."No basta con un aporte puntual; necesitamos una reforma estructural que asegure un ingreso digno para todos", afirma una vocera de un colectivo de trabajadores informales.
Además, en regiones fuera de la capital, la percepción es que el aguinaldo tiene un impacto limitado, dado que el costo de vida y las necesidades son distintas."Para muchos en regiones, el aguinaldo no cubre ni la mitad de los gastos típicos de Fiestas Patrias", comenta un economista regional de Valparaíso.
Tras el análisis de cifras, testimonios y contexto, se puede concluir que el aguinaldo público sigue siendo un alivio necesario pero insuficiente para enfrentar las demandas sociales y económicas actuales. Su entrega tardía y falta de obligatoriedad para el sector privado evidencian brechas laborales que no se resuelven con medidas puntuales.
El desafío para las autoridades y actores sociales es avanzar hacia políticas más integrales, que no solo respondan a la coyuntura, sino que fortalezcan derechos laborales y reduzcan desigualdades estructurales. En este escenario, el aguinaldo de Fiestas Patrias se transforma en un espejo que refleja las tensiones y desafíos pendientes en el mundo del trabajo chileno.