Eutanasia en Chile: El debate que desgasta al Congreso y divide a la sociedad

Un proyecto con décadas de espera y un laberinto político

Desde que el presidente Gabriel Boric prometió en junio de 2024 acelerar la tramitación del proyecto de ley que regula la eutanasia en Chile, el camino ha sido tortuoso. En los últimos 11 meses, el Ejecutivo ha cambiado más de 30 veces el nivel de urgencia asignado a la iniciativa, alternando entre urgencia simple, suma urgencia y discusión inmediata, sin que la Comisión de Salud del Senado haya logrado iniciar un debate serio y sostenido.

“Es el propio gobierno quien, a pesar de plantear simbólicamente este tema como parte de su agenda, nos ha impuesto otras prioridades en la misma comisión”, afirma Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión de Salud, reflejando el desencanto transversal que ha provocado la falta de avances en un proyecto que ya lleva más de una década en discusión.

Una ley que busca garantizar la autonomía en el final de la vida

El proyecto, que fusiona cuatro iniciativas parlamentarias, pretende establecer el derecho de personas mayores de 18 años, con enfermedades graves e incurables que les producen sufrimientos persistentes e intolerables, a optar voluntariamente por una muerte asistida.

Para ello, se requiere que el diagnóstico sea confirmado por especialistas, que el paciente esté mentalmente apto y que exprese su voluntad por escrito ante testigos y ministro de fe. Además, contempla la creación de comités técnicos para evaluar cada caso y salvaguardas para garantizar el consentimiento informado y la posibilidad de arrepentimiento.

Chile se sumaría así a un grupo reducido de países con legislación activa en eutanasia, como Colombia, Canadá, España y Portugal.

Voces en pugna: autonomía versus objeción de conciencia

El debate ha expuesto una profunda división en la sociedad y la política chilena. Por un lado, senadores como Juan Luis Castro (PS) defienden la ley como un avance en derechos individuales y dignidad, argumentando que “no es propio que el Estado o los médicos decidan por las personas cómo serán sus últimos días”. En contraste, figuras como Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI) sostienen que la vida debe protegerse desde la concepción hasta la muerte natural, y que primero deben fortalecerse los cuidados paliativos.

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, subraya la importancia de la objeción de conciencia como un derecho legítimo para los profesionales de la salud, un punto que probablemente será uno de los nudos en la discusión legislativa.

El dilema de los cuidados paliativos y la eutanasia

Aunque la ley de cuidados paliativos está vigente desde 2021, su implementación ha sido desigual y aún insuficiente para muchos pacientes. Algunos críticos del proyecto de eutanasia plantean que el foco debería estar en mejorar estos cuidados antes de avanzar en la legalización de la muerte asistida.

Sin embargo, especialistas en bioética y pacientes coinciden en que ambos caminos no son excluyentes. La eutanasia se plantea como una última opción cuando los cuidados paliativos no logran aliviar un sufrimiento intolerable.

Un espejo de la sociedad chilena y sus contradicciones

Este debate no solo enfrenta posturas políticas y médicas, sino que también refleja tensiones culturales, éticas y religiosas. Mientras un 58% de la población apoya la regulación de la eutanasia según encuestas recientes, sectores conservadores y religiosos presionan para frenar la iniciativa, argumentando que la vida es un bien indisponible.

“Nadie puede decidir sobre el valor que tiene mi propia vida. Cualquier juicio de terceros, cuando se ha decidido de forma autónoma que la vida es puro sufrimiento, ¿quién puede obligarnos a permanecer?”, plantea Diana Aurenque, directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Chile.

Conclusiones y consecuencias visibles

Tras meses de retrasos y debates, la eutanasia sigue siendo un proyecto legislativo atrapado entre la urgencia social y las prioridades políticas. El gobierno ha mostrado voluntad, pero la realidad legislativa y las divisiones internas han dilatado su avance.

Lo que está en juego no es solo una ley, sino cómo Chile enfrenta la autonomía individual, el respeto a la diversidad de creencias y la manera en que se cuida a los más vulnerables en el final de sus vidas.

La discusión continuará en las próximas semanas, con sesiones programadas en la Comisión de Salud y la participación activa de expertos, legisladores y representantes sociales. El desenlace marcará un hito en la historia legislativa del país, con consecuencias profundas para el sistema de salud, la ética pública y el sentido mismo de la dignidad humana en Chile.