El Algoritmo Soberano: Anatomía del Choque entre Google y el Estado Chileno por el Control del Mercado Digital

Inicio Contextualizado: La Soberanía en Juego

A más de dos meses de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) formalizara su ofensiva contra Google, el debate ha trascendido los pasillos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Lo que comenzó como una investigación técnica sobre las reglas de la tienda de aplicaciones Google Play, hoy se perfila como un pulso fundamental sobre la soberanía digital de Chile. En mayo de 2025, la FNE interpuso un requerimiento acusando a la gigante tecnológica de abuso de posición dominante. La contundente respuesta de Google en julio, calificando la multa solicitada de casi 89 millones de dólares como “desproporcionada e ilegal”, ha dejado claro que no se trata de una simple disputa comercial, sino de una colisión de principios: ¿quién dicta las normas en la economía digital del siglo XXI, el Estado-nación o las corporaciones transnacionales?

Desarrollo Analítico: De la Denuncia a la Batalla Legal

La historia de este enfrentamiento no es nueva. Sus raíces se remontan a julio de 2022, cuando una denuncia particular, presentada por el abogado y exjefe de litigios de la FNE, Cristián Reyes, alertó sobre posibles prácticas anticompetitivas de Google y Apple. Las acusaciones centrales eran tres: la obligación para los desarrolladores de usar exclusivamente los sistemas de pago de las plataformas, la prohibición de redirigir a los usuarios a métodos de pago externos (conocidas como “anti-steering rules”) y la aplicación de comisiones de hasta un 30% sobre las transacciones.

Esta denuncia activó los engranajes de la FNE, que ya mantenía bajo la lupa el funcionamiento de los mercados digitales a través de un Estudio de Mercado iniciado en octubre de 2023. La investigación cobró impulso y, en enero de 2025, la fiscalía ofició a actores relevantes como Match Group, la matriz de Tinder, para recabar antecedentes sobre las condiciones impuestas por los dueños de los sistemas operativos.

El clímax llegó en mayo, cuando la FNE materializó su investigación en un requerimiento formal contra Google. La fiscalía no solo pidió el cese de las prácticas, sino también la imposición de una multa récord, argumentando que las políticas de Google bloquean la competencia y perjudican tanto a desarrolladores como a consumidores chilenos. La respuesta de Google, dos meses después, fue una defensa férrea de su modelo. La compañía argumentó que sus reglas son esenciales para garantizar la seguridad, calidad y viabilidad del ecosistema Android y Google Play, y que las medidas solicitadas por la FNE no solo afectarían su derecho de propiedad, sino que, paradójicamente, perjudicarían a los usuarios al exponerlos a mayores riesgos.

Perspectivas Contrastadas: Regulación vs. Innovación

El corazón del conflicto reside en dos visiones antagónicas del mercado digital:

• La Perspectiva del Regulador (FNE): Para la FNE, Google no es simplemente un actor más, sino una plataforma con un poder de mercado abrumador que actúa como guardián de acceso (o gatekeeper). Sus políticas, según la fiscalía, no son pro-competitivas, sino que constituyen barreras artificiales para impedir la entrada de otros procesadores de pago y tiendas de aplicaciones. El objetivo de la FNE es desmantelar estas barreras para fomentar un ecosistema más competitivo y abierto, donde los desarrolladores tengan más opciones y los consumidores, potencialmente, precios más bajos.

• La Perspectiva Corporativa (Google): Google se defiende argumentando que opera en un mercado dinámico y altamente competitivo, con Apple como su principal rival. Sostiene que Google Play es un modelo de negocio integrado que ha permitido una “innovación masiva”. Las comisiones, afirman, son la contraprestación por una vasta gama de servicios que incluyen la distribución, la seguridad, las herramientas de desarrollo y el acceso a una base global de usuarios. Forzar la apertura a sistemas de pago de terceros, según su analogía, sería como obligar a una tienda por departamentos a permitir que la competencia instale sus propias cajas registradoras en su interior, comprometiendo la seguridad y la experiencia del cliente.

• La Voz de los Afectados (Desarrolladores y Competidores): Aunque no son parte directa en el juicio, la perspectiva de los desarrolladores y competidores es clave. Para muchos, especialmente los más pequeños, las comisiones del 30% representan una carga significativa. La imposibilidad de usar sistemas de pago alternativos o de informar a sus usuarios sobre opciones más baratas fuera de la app es vista como una restricción injusta que limita su capacidad de competir y gestionar su propio negocio.

Contexto Estructural: Un Conflicto Local con Ecos Globales

El caso chileno no es un hecho aislado. A nivel global, Google enfrenta una presión regulatoria sin precedentes. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia mantiene un juicio antimonopolio que podría resultar en medidas drásticas, como la venta forzosa de su navegador Chrome. En Europa, la Ley de Mercados Digitales (DMA) ya impone obligaciones similares a las que busca la FNE en Chile. Este escenario global muestra un consenso creciente entre los reguladores occidentales sobre la necesidad de poner límites al poder de las Big Tech.

Localmente, el conflicto resuena con otras batallas recientes. El caso de Transbank, donde el TDLC y la FNE han estado regulando las tarifas de la red de pagos dominante para permitir la competencia de actores como Mercado Pago, ofrece un claro paralelismo. Asimismo, la disputa entre LarrainVial y el TDLC por la interpretación de la norma de interlocking demuestra que los grandes actores económicos en Chile están cada vez más dispuestos a dar largas y complejas batallas legales para desafiar las decisiones de la autoridad. Este caso, por tanto, se inserta en una tradición chilena de fiscalización económica que ahora se enfrenta a su desafío más complejo y globalizado.

Estado Actual: Un Precedente en Construcción

El proceso ante el TDLC está apenas comenzando. Con la respuesta de Google sobre la mesa, se anticipa un largo y complejo litigio que podría extenderse por años y, eventualmente, llegar a la Corte Suprema. El resultado es incierto, pero su impacto será decisivo. Sentará un precedente crucial sobre cómo Chile, como Estado soberano, equilibra la promoción de la innovación tecnológica con la defensa de la libre competencia y la protección de sus consumidores y empresas locales en la era digital. Mientras tanto, el Estudio de Mercado de la FNE, cuyo informe final se espera para marzo de 2026, sigue su curso, sugiriendo que este es solo el primer capítulo de una nueva era de regulación tecnológica en el país.