RN impugna candidatura de Daniel Jadue: un pulso judicial que redefine límites políticos

Un enfrentamiento que va más allá de una simple candidatura electoral se ha ido desplegando desde septiembre, cuando Renovación Nacional (RN) decidió impugnar la aceptación de Daniel Jadue como candidato a diputado por el distrito 9. El 6 de septiembre de 2025, RN anunció que recurriría al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para anular la inscripción del exalcalde de Recoleta, argumentando que, al estar acusado de delitos que merecen pena aflictiva, Jadue debería tener suspendido su derecho a sufragio y, por ende, no podría ser candidato. Este pulso judicial no solo confronta visiones jurídicas, sino que también expone profundas tensiones políticas y sociales en Chile.

La cronología de un choque anunciado

El origen de esta disputa se remonta a la inclusión de Jadue en el padrón electoral, pese a estar formalmente acusado en el caso Farmacias Populares, donde la Fiscalía solicita penas que superan los 18 años de cárcel. RN primero intentó suspender su derecho a voto y representación, pero el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana rechazó esa pretensión, señalando que 'la sola acusación no produce la suspensión automática del derecho de sufragio' y que para ello se requiere un acto judicial formal, como la apertura del juicio oral.

No satisfechos con esta resolución, RN apeló al Tricel y, en paralelo, presentó una impugnación directa contra la resolución del Servicio Electoral (Servel) que validó la candidatura de Jadue. Según el abogado Marcelo Brunet, representante de RN, 'Queremos que se deje sin efecto la inscripción de Daniel Jadue como candidato a diputado. No solo buscamos que se le suspenda el derecho a sufragio, sino que se establezca que no puede ni debe ser candidato en esta elección parlamentaria.' La referencia a casos previos, como el del exalcalde Luis Plaza, donde sí se le impidió ser candidato bajo circunstancias similares, añade un precedente que RN exige sea aplicado con coherencia.

Perspectivas enfrentadas: ¿justicia o estrategia política?

Desde el sector oficialista y la coalición de izquierda que apoya a Jadue, esta impugnación es vista como un intento de deslegitimar la participación política de un candidato con fuerte respaldo popular. Argumentan que la presunción de inocencia debe prevalecer y que la suspensión de derechos políticos solo puede ocurrir con sentencias firmes.

Por otro lado, RN y sus aliados sostienen que permitir candidaturas de personas acusadas de delitos graves socava la confianza en las instituciones y abre una puerta peligrosa para la impunidad. 'No podemos permitir que quienes enfrentan acusaciones por corrupción compitan por cargos públicos sin que se resuelva su situación jurídica', afirman en sus declaraciones.

Esta tensión se extiende a la opinión pública, donde sectores sociales más críticos con la clase política ven en este caso una oportunidad para exigir mayor transparencia y responsabilidad, mientras que otros advierten sobre el riesgo de judicializar excesivamente la política y usar procesos penales como armas electorales.

Consecuencias y lecciones a mediano plazo

El Tricel tiene en sus manos una decisión que trascenderá el caso puntual de Jadue y que podría establecer un precedente clave sobre la relación entre procesos penales y derechos políticos en Chile. La resolución que adopte no solo definirá la participación del exalcalde en las elecciones de 2025, sino que también marcará los límites y garantías para futuros candidatos enfrentados a acusaciones judiciales.

En un escenario donde la política chilena se encuentra fragmentada y polarizada, este caso desnuda la dificultad de equilibrar principios jurídicos como la presunción de inocencia con la exigencia ciudadana de integridad y ética en la función pública.

Finalmente, más allá del resultado judicial, este episodio invita a una reflexión profunda sobre la calidad de la democracia, la confianza en las instituciones y la necesidad de reglas claras que eviten arbitrariedades y aseguren la participación legítima y responsable en el juego electoral.

---

Fuentes: La Tercera (2025-09-06), análisis jurídico del Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana, declaraciones del abogado Marcelo Brunet (RN), antecedentes del caso Luis Plaza.