Violencia de género en Alto Hospicio: un femicidio frustrado que expone fallas del sistema de protección

Un ataque que pudo ser fatal y aún así abre heridas profundas en la sociedad chilena. En la madrugada del 6 de septiembre de 2025, en las tomas de El Boro, Alto Hospicio, un hombre en estado de ebriedad atacó con un cuchillo a su ex conviviente, madre de su hijo, infringiendo una prohibición judicial de acercamiento vigente. La víctima fue apuñalada en la cabeza en un episodio que la Fiscalía califica como femicidio frustrado.

Este suceso no es un hecho aislado, sino la manifestación dramática de una problemática que ha persistido y escalado en la región: la violencia intrafamiliar y la insuficiencia de las medidas de protección para las mujeres en situación de riesgo.

Desde la perspectiva judicial, Virginia Aravena, fiscal a cargo de la Unidad de Género de Alto Hospicio, señaló que el imputado actuó tras un ataque de celos y que ya tenía antecedentes de incumplimiento de medidas cautelares. Esto llevó al Juzgado de Garantía a decretar prisión preventiva y fijar un plazo de investigación de 70 días.

Sin embargo, esta respuesta judicial, aunque necesaria, ha sido recibida con críticas desde distintos sectores sociales y políticos. Por un lado, organizaciones feministas y de derechos humanos denuncian que la reiteración de violencia y el incumplimiento de prohibiciones reflejan fallas estructurales en la prevención y protección de las víctimas. La denuncia apunta a la falta de seguimiento efectivo y recursos para garantizar la seguridad de las mujeres en riesgo.

Desde el gobierno regional, las autoridades han reconocido la gravedad del caso y han anunciado una revisión de los protocolos de protección, enfatizando la necesidad de mayor coordinación entre fuerzas policiales, tribunales y servicios sociales. No obstante, voces críticas advierten que estas medidas llegan tarde y que la realidad en Alto Hospicio y otras comunas del norte sigue marcada por la precariedad y la desprotección.

La comunidad local, por su parte, vive con la tensión de un conflicto que no solo afecta a las víctimas directas, sino que también genera un clima de temor y desconfianza. Vecinos y organizaciones sociales han convocado a mesas de diálogo para abordar la violencia de género desde una mirada integral, que incluya educación, justicia y apoyo psicosocial.

En el plano político, la discusión se ha polarizado. Algunos sectores conservadores insisten en reforzar las penas y la mano dura contra los agresores, mientras que grupos progresistas llaman a implementar políticas públicas que aborden las raíces culturales y socioeconómicas de la violencia machista.

Este caso emblemático en Alto Hospicio pone en evidencia un desafío que trasciende la región: la violencia de género en Chile sigue siendo un problema estructural que requiere una respuesta multifacética y sostenida. La prisión preventiva del agresor es solo una etapa en un proceso que demanda cambios profundos en la prevención, protección y reparación.

En definitiva, la tragedia sufrida por la víctima y la reacción judicial y social que ha generado nos enfrentan a una pregunta urgente: ¿cómo evitar que este tipo de violencia se repita y se normalice en nuestras comunidades? La respuesta está en la conjunción de voluntad política, compromiso social y recursos efectivos para transformar una realidad que, hasta ahora, sigue cobrando vidas y dejando heridas imborrables.