Torturas en Hospital de Osorno: Dos detenidos en prisión preventiva, otros dos con arresto domiciliario total
Un caso que desnuda la brutalidad oculta en un hospital público de Osorno ha llegado a una etapa decisiva en la justicia chilena. Entre 2018 y 2020, un extrabajador del Hospital Base San José fue víctima de torturas por parte de sus compañeros de labores. Las imágenes, difundidas semanas atrás, mostraron escenas de ataduras, rapados y quemaduras que sacudieron a la opinión pública y a la comunidad local.
El 5 de septiembre de 2025, el Juzgado de Garantía de Osorno ordenó la prisión preventiva para dos de los cuatro imputados, mientras que los otros dos quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y su familia. La fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, expresó su conformidad con la resolución para los dos primeros y anunció que el Ministerio Público evaluará impugnar las medidas cautelares más leves para los otros dos.
Este fallo ha abierto un debate intenso y polarizado en distintos ámbitos. Desde una perspectiva judicial, algunos expertos argumentan que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la seguridad de la víctima y evitar la obstrucción de la investigación, mientras que voces más críticas advierten sobre la necesidad de calibrar las medidas cautelares con el principio de presunción de inocencia.
“La gravedad de los hechos y la evidencia audiovisual justifican una respuesta firme del sistema penal,” afirmó un abogado penalista consultado por este medio. Por otro lado, representantes de organizaciones de derechos humanos han señalado que “es imprescindible que este caso sirva para revisar las condiciones laborales y culturales que permiten que la tortura ocurra dentro de una institución pública de salud.”
En el plano institucional, el Ministerio de Salud solicitó la destitución inmediata de los cuatro funcionarios involucrados, que hasta entonces continuaban trabajando en el hospital. Este acto administrativo ha sido interpretado como un intento de la autoridad por recuperar la confianza pública y mostrar un compromiso firme con la erradicación de prácticas abusivas en los centros de salud.
Sin embargo, la comunidad de Osorno y los trabajadores del hospital se han visto enfrentados a una tensión palpable. Algunos sectores defienden a los acusados, alegando que existen factores de conflicto laboral y personales que no han sido suficientemente considerados. Otros, en cambio, demandan una investigación más profunda que permita desenmascarar una posible cultura de violencia sistemática y encubrimiento.
Este caso no solo revela un episodio de tortura, sino que pone en jaque la estructura y las dinámicas internas de un hospital público, cuestionando la supervisión, los mecanismos de denuncia y la protección efectiva de los derechos laborales y humanos.
En conclusión, la prisión preventiva y las medidas cautelares dictadas son solo el inicio de un proceso judicial que promete ser largo y complejo. Más allá de las decisiones judiciales, lo que queda claro es que el sistema de salud pública debe enfrentar un examen crítico sobre sus prácticas internas y su capacidad para proteger a sus trabajadores y usuarios. La sociedad chilena observa, expectante y dividida, mientras se despliega este drama humano y institucional que desafía la confianza en las instituciones.
Fuentes: La Tercera, Ministerio Público, declaraciones de expertos legales y organizaciones de derechos humanos.