Crisis en la protección de la infancia chilena: Un sistema al borde del colapso y sin respuestas claras

Una crisis que se arrastra y se profundiza

Desde hace más de una década, el sistema de protección infantil en Chile ha mostrado señales de desgaste y fracaso. La creación del Servicio de Protección Especializada, que debía ser la respuesta para superar las deficiencias del antiguo Sename, no solo ha fallado en revertir la crisis sino que, en ciertos aspectos, la ha agravado. Un dato alarmante: 41 mil niños permanecen en listas de espera para acceder a servicios básicos de protección social, según reportes oficiales y análisis de comisiones parlamentarias.

El drama de esta situación se despliega en múltiples dimensiones. Por un lado, la falta de cobertura y especialización a nivel local limita la capacidad de respuesta inmediata y adecuada. Las Oficinas Locales de la Niñez, aunque ya implementadas en varias comunas, carecen de potestad administrativa efectiva y recursos suficientes para coordinar una acción intersectorial eficiente. La institucionalización temprana afecta a cerca de 800 niños menores de tres años, exponiéndolos a secuelas irreparables.

Un marco legal que se desdibuja

El entramado normativo que sustenta la protección de la infancia, principalmente la Ley de Garantía de Derechos, se ha convertido en un catálogo de buenas intenciones sin mecanismos efectivos de exigibilidad. La reciente propuesta de reforma para armonizar las leyes de niñez, que busca eliminar figuras como el “desacato” y redefinir la “protección judicial”, ha generado preocupación entre expertos y organizaciones sociales. “Esto podría transformar un mandato legal en una mera sugerencia”, advierte Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo.

Este debilitamiento jurídico pone en entredicho la capacidad del Estado para sancionar incumplimientos y garantizar derechos, en un contexto donde la explotación sexual infantil y otras formas de violencia aumentan.

Perspectivas encontradas en el debate público

En el coliseo político y social, las posturas se enfrentan con intensidad. Desde la oposición, se acusa al gobierno de falta de voluntad política y de priorizar discursos sobre acciones concretas. Por otro lado, desde el oficialismo se arguye que la complejidad del problema exige reformas profundas y que los cambios legales en discusión buscan modernizar y flexibilizar el sistema para hacerlo más eficiente.

En regiones, especialmente en zonas rurales y periféricas, las voces ciudadanas denuncian la invisibilidad y el abandono. Organizaciones comunitarias y familias de acogida exigen que la subvención para el acogimiento familiar iguale la residencial, un reclamo que refleja la urgencia de mejorar las condiciones de quienes cuidan directamente a los niños vulnerados.

Verdades y consecuencias ineludibles

Tras meses de análisis y debates, queda claro que la crisis en la protección de la infancia chilena no es solo un problema administrativo o presupuestario. Es un reflejo de las tensiones sociales, políticas y culturales que atraviesan al país. La falta de coordinación intersectorial, la debilidad normativa y la insuficiencia de recursos han creado un sistema que no logra cumplir su misión fundamental.

El desafío es mayúsculo: construir un sistema que no solo atienda la emergencia, sino que prevenga y proteja con calidad y dignidad. A pocos días de una nueva elección presidencial, la niñez vulnerada se impone como un mandato ético ineludible para cualquier actor político que aspire a un Chile más justo.

Fuentes consultadas incluyen informes parlamentarios, expertos en derechos de la infancia y organizaciones civiles, cuyos testimonios y datos forman la base de esta evaluación crítica y profunda.