Detención de ancianos traficantes en Puente Alto: ¿un síntoma de la crisis social o un caso aislado?

El arresto de una pareja de adultos mayores en Puente Alto, descubiertos traficando drogas desde una verdulería que usaban como fachada, ha desatado un debate que va más allá del hecho policial. El 5 de septiembre de 2025, Carabineros sorprendió in fraganti a dos personas de 66 años en medio de una transacción de cocaína, hallando en su domicilio un kilo de cocaína base, 770 dosis y utensilios para dosificar. Este evento, aparentemente insólito, ha levantado cuestionamientos sobre las causas sociales y económicas que empujan a personas de la tercera edad a involucrarse en el narcotráfico.

Un fenómeno que interpela a la sociedad

Desde una mirada social, expertos y organizaciones comunitarias advierten que este caso refleja la creciente vulnerabilidad de los adultos mayores en sectores populares. “No podemos ver esto solo como delincuencia, sino como una señal de exclusión, pobreza y falta de redes de apoyo”, señala María González, trabajadora social en Puente Alto. Para ella, la precariedad económica y la ausencia de políticas públicas efectivas para este grupo etario pueden empujar a buscar ingresos en actividades ilícitas.

Por otro lado, autoridades policiales y judiciales insisten en la responsabilidad individual y la necesidad de combatir el narcotráfico sin excepciones. “La edad no exime de la ley ni de la gravedad del delito”, afirmó un fiscal del Ministerio Público, enfatizando que los antecedentes previos de los detenidos por tráfico complican la interpretación del caso como una mera consecuencia de la pobreza.

Perspectivas políticas y regionales

En el plano político, la derecha ha usado el caso para exigir mayor rigor en la seguridad y la justicia, mientras que sectores de izquierda llaman a una reflexión profunda sobre las causas estructurales que alimentan estas redes ilícitas, especialmente en comunas periféricas como Puente Alto.

Regionalmente, Puente Alto se ha convertido en un foco de atención por su compleja realidad socioeconómica y el aumento de delitos relacionados con drogas. La alcaldía ha anunciado programas de apoyo social y vigilancia comunitaria, aunque la efectividad de estas medidas aún está en evaluación.

Consecuencias y aprendizajes

Este episodio pone en evidencia varias verdades incómodas: la criminalidad no es exclusiva de jóvenes o grupos marginales convencionales, y la pobreza puede extender su sombra hasta quienes deberían estar protegidos por sistemas de seguridad social.

Además, la respuesta estatal se enfrenta a una disonancia: entre la aplicación estricta de la ley y la necesidad de políticas sociales integrales que prevengan la incorporación de adultos mayores a circuitos delictivos.

En definitiva, el caso de los llamados “tatas de la droga” no solo desafía los estereotipos sobre criminalidad y edad, sino que obliga a repensar las estrategias de inclusión y justicia social en un Chile que envejece y se fragmenta.

Fuentes consultadas incluyen informes de Carabineros, declaraciones del Ministerio Público, análisis de organizaciones sociales locales y reportajes periodísticos posteriores al hecho, como el publicado por Cooperativa.cl el 5 de septiembre de 2025.