Sierra Gorda: Entre la minería, la contaminación y la corrupción policial
Sierra Gorda, comuna minera clave en la Región de Antofagasta, ha vivido en 2025 un año marcado por una serie de eventos que, vistos en conjunto, revelan las múltiples crisis que atraviesa este territorio: ambiental, social y de gobernabilidad.
A inicios de año, el Gobierno confirmó que Sierra Gorda está a punto de ser declarada "zona saturada" por material particulado respirable (MP10), una medida que reconoce la grave contaminación ambiental en la zona y que implica futuras regulaciones estrictas para las faenas mineras que allí operan. La minera representa el 11% de la producción nacional de cobre, con empresas como Sierra Gorda SCM, Spence y Centinela en el epicentro del proceso.
La declaración, que solo esperaba la firma presidencial en febrero, no detuvo que en agosto las principales mineras suscribieran un compromiso para mejorar la calidad del aire mediante un Acuerdo de Producción Limpia (APL). Sin embargo, como aclaró la ministra de Minería Aurora Williams, este acuerdo no frena el proceso administrativo ni la eventual regulación que impondrá el Ministerio de Medio Ambiente.
"Este es un acuerdo sumamente importante... pero una cosa no excluye a la otra, sino que es un trabajo anticipado, nada más", afirmó Williams.
Desde la comunidad y sectores críticos se ha señalado que la contaminación no solo es atribuible a la minería, sino que factores como la construcción de una carretera y las condiciones naturales del desierto también influyen. No obstante, la autoridad regional ha sostenido que la minería es la principal responsable y que la declaratoria de zona saturada es necesaria para proteger la salud pública.
Paralelamente, la comuna ha sufrido una ola de delitos que afectan su infraestructura básica: en menos de un mes, se registraron múltiples robos de cables de cobre, derribo de postes y cortes prolongados de electricidad que han dejado a cientos de vecinos sin luz. La magnitud y organización de estos robos ha llevado a las autoridades a vincularlos con crimen organizado, con detenciones y desarticulación de bandas durante 2024 y 2025.
La delegada presidencial regional Karen Behrens explicó que "ha sido revisado este delito por el Consejo contra el Crimen Organizado... además de un plan de trabajo público-privado con empresas y policías".
En un escenario donde la minería y el crimen se entrecruzan, la gobernabilidad local se vio sacudida por un escándalo de corrupción policial. En septiembre, seis excarabineros del retén de Sierra Gorda fueron formalizados por cohecho, acusados de recibir pagos para permitir el paso de cargas sobredimensionadas por rutas bajo su control. Cuatro de ellos quedaron en prisión preventiva, evidenciando un quiebre institucional que afecta la confianza ciudadana.
El general Cristián Montre, jefe de zona Antofagasta, fue enfático: "Cero tolerancia a la corrupción... caiga quien caiga, no vamos a titubear en eso".
Estas situaciones se suman a los riesgos naturales que enfrenta la comuna, con dos sismos relevantes registrados en enero y febrero de 2025, recordando la constante vulnerabilidad sísmica de la zona.
Distintas miradas, mismas tensiones
Desde el sector minero, la preocupación es evidente: la declaración de zona saturada y las futuras regulaciones implican inversiones significativas y posibles restricciones operativas. Un alto ejecutivo expresó a este medio la inquietud por el impacto en la producción en un momento donde Chile compite globalmente por mantener su liderazgo en cobre.
En contraste, las comunidades locales y autoridades ambientales insisten en la necesidad de priorizar la salud pública y el medio ambiente, exigiendo transparencia y participación en los planes de descontaminación que se avecinan.
En el ámbito de la seguridad, la corrupción en Carabineros añade una capa de complejidad a la ya frágil convivencia social, mientras que el crimen organizado vinculado al robo de infraestructura esencial evidencia la necesidad de estrategias integrales y coordinadas.
Conclusiones y proyecciones
La convergencia de problemas ambientales, sociales y de gobernabilidad en Sierra Gorda pone en evidencia la fragilidad de un modelo extractivista que, sin una gestión integral, puede generar impactos profundos en las comunidades y el territorio.
La declaración como zona saturada es un hito que, más allá de las discusiones sobre su justificación técnica, marca un punto de inflexión en la relación entre minería, Estado y sociedad. Los planes de descontaminación deberán equilibrar la salud pública con la viabilidad económica, pero sobre todo requerirán de una participación activa y transparente de todos los actores.
Por otro lado, la desarticulación de redes corruptas dentro de Carabineros y la lucha contra el crimen organizado serán claves para recuperar la confianza y garantizar la seguridad de la población.
Sierra Gorda emerge así como un espejo de las tensiones que enfrenta Chile: desarrollo económico versus sostenibilidad ambiental y social; institucionalidad versus corrupción; progreso versus justicia territorial. El desafío será cómo se articula la respuesta a estos dilemas para evitar que la tragedia ajena siga siendo la norma en este rincón del norte chileno.