La inversión extranjera en Chile: estabilidad, desafíos y expectativas para el nuevo gobierno

Chile enfrenta un momento crucial en su relación con la inversión extranjera directa (IED), un motor fundamental de su economía desde la década de 1990. Desde entonces, el país ha recibido más de US$ 300.000 millones en IED, con un aporte significativo en recaudación tributaria y generación de empleo. Sin embargo, la estabilidad y las reglas claras se han convertido en el centro del debate político y económico de cara al próximo gobierno, que debe enfrentar la tarea de mantener a Chile como un destino atractivo para el capital foráneo.

El análisis de los programas presidenciales de los principales candidatos muestra un inédito consenso: todos reconocen la inversión como motor clave para el crecimiento y la generación de empleo. Evelyn Matthei y José Antonio Kast, en particular, han manifestado su intención de reinstaurar un estatuto de inversión extranjera que otorgue seguridad jurídica a largo plazo, evocando el histórico DL600, que durante décadas fue la piedra angular del modelo chileno.

No obstante, la realidad actual presenta desafíos complejos. La multiplicación de permisos, los prolongados tiempos de tramitación y la percepción de arbitrariedad en el ejercicio de facultades discrecionales por parte de las autoridades han erosionado la confianza. Las empresas demandan un entorno seguro, con reglas claras y procesos ágiles. Esta demanda no es solo un reclamo empresarial, sino una condición indispensable para sostener la competitividad del país en un escenario global cada vez más exigente.

Desde la perspectiva regional, la inversión extranjera no solo beneficia a Santiago, sino que tiene un impacto transversal en diversas zonas del país, especialmente en sectores estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura. Sin embargo, las diferencias en la implementación de normativas y la capacidad administrativa local generan disparidades en la experiencia inversora.

Patricia Núñez, presidenta de la Cámara Chileno Canadiense de Comercio, destaca: "Canadá es el principal inversionista extranjero en Chile con más de US$ 46.000 millones, y su inversión no solo es cuantitativamente relevante, sino que aporta buenas prácticas empresariales que fortalecen el desarrollo sostenible".

Desde el mundo empresarial, la mirada es clara: la estabilidad regulatoria debe ir acompañada de un diálogo abierto y constructivo con los distintos actores, incluyendo comunidades locales y sindicatos, para asegurar que la inversión genere beneficios compartidos y legítimos para todas las partes.

En definitiva, la lección histórica y la evidencia actual convergen en que la inversión extranjera es un pilar insustituible para el desarrollo chileno, pero requiere un marco normativo robusto, eficiente y confiable. El próximo gobierno enfrentará el desafío de construir este marco, equilibrando la seguridad jurídica con las demandas sociales y ambientales que hoy forman parte ineludible del contrato social.

El futuro de la inversión en Chile dependerá de la capacidad para generar confianza, reducir la burocracia y garantizar que las reglas del juego sean claras y estables en el tiempo. Solo así se podrá mantener el flujo de capitales que impulsa la economía y abre puertas a un desarrollo más equitativo y sostenible.

Fuentes consultadas incluyen informes del Banco Central, InvestChile, la Cámara Chileno Canadiense de Comercio y análisis de programas presidenciales, además de entrevistas con expertos en inversión y representantes empresariales.