Han pasado más de sesenta días desde que los gritos de gol fueron ahogados por sirenas en las afueras del Estadio Monumental. La noche del 10 de abril, lo que debía ser una fiesta deportiva de Copa Libertadores se transformó en una tragedia que costó la vida de Martina Riquelme (18) y Mylán Liempi (12). Hoy, con la inmediatez de la noticia ya disipada, emerge un panorama complejo donde las responsabilidades se difuminan y las narrativas chocan. La pregunta ya no es solo qué pasó, sino por qué sigue pasando. La muerte de dos jóvenes ha dejado al descubierto las fracturas profundas de un sistema que parece incapaz de proteger a quienes dice servir: los hinchas.
La cronología de los hechos revela una espiral de caos. Horas antes del partido entre Colo-Colo y Fortaleza, grupos de hinchas intentaron ingresar por la fuerza mediante una "avalancha", una práctica anticipada en redes sociales y de la cual, según reconoció el propio General Director de Carabineros, Marcelo Araya, la institución tenía conocimiento previo. La respuesta policial, con un carro lanza gases (conocido popularmente como "zorrillo"), buscaba dispersar a la multitud.
En ese tumulto, Martina y Mylán cayeron. La primera versión, surgida de las propias comunicaciones radiales de Carabineros, indicaba que una valla de contención cedió y que el vehículo policial, al pasar sobre ella, aplastó a los jóvenes. Sin embargo, esta narrativa comenzó a desmoronarse con la aparición de testimonios clave. Un guardia de seguridad y, posteriormente, un informe reservado de Asuntos Internos de Carabineros revelado por CIPER, presentaron una versión radicalmente distinta: el carro policial habría atropellado directamente a las víctimas. Testigos presenciales, incluyendo una funcionaria de Carabineros, declararon que el vehículo avanzó sin detenerse sobre los cuerpos que ya estaban en el suelo. Esta disonancia entre la versión oficial inicial y la evidencia testimonial es hoy el núcleo de la investigación, que fue traspasada desde Carabineros a la Policía de Investigaciones (PDI) para garantizar imparcialidad.
La tragedia exterior tuvo su eco dentro del estadio. Hinchas de la Garra Blanca invadieron la cancha, provocando la suspensión del partido y gatillando una respuesta institucional enfocada en el vandalismo. Colo-Colo, en coordinación con la ANFP y el gobierno, anunció querellas y prohibiciones de ingreso de hasta 12 años para una veintena de individuos identificados, una señal de mano dura contra la violencia de las barras.
El caso ha puesto en tensión al menos tres visiones del problema:
Este suceso no es un hecho aislado. Es el último y más trágico capítulo de una larga historia de fracasos en la gestión de la seguridad en el fútbol chileno. El plan "Estadio Seguro", implementado hace más de una década, ha demostrado ser insuficiente para erradicar la violencia y, en ocasiones, ha exacerbado la tensión entre hinchas y la policía. La tragedia del Monumental obliga a una reflexión crítica: ¿Se está combatiendo la violencia o se está criminalizando al hincha? ¿Están los protocolos de control de orden público diseñados para proteger la vida o para reprimir a cualquier costo?
Hoy, la investigación penal sigue su curso en manos de la PDI, con el conductor del vehículo policial en calidad de imputado y apartado de funciones operativas. Las sanciones administrativas y legales contra los hinchas violentos avanzan por un carril paralelo. Sin embargo, el tema de fondo sigue latente. La muerte de Martina y Mylán no se resolverá únicamente con un veredicto judicial o con más prohibiciones de ingreso. Exige una revisión profunda de los protocolos policiales, un compromiso real de los clubes para con la seguridad integral de sus seguidores y una sociedad que se atreva a discutir qué tipo de espectáculo y convivencia queremos en nuestros estadios. La grada rota del Monumental es una herida abierta que interpela a todo un país.