Desalojo en San Antonio: un conflicto que revela la fragilidad del Estado de Derecho y la crisis habitacional
Un largo pulso legal llega a un punto de inflexión. El 5 de noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Valparaíso otorgó un plazo de 30 días para ejecutar el desalojo de la megatoma que mantiene ocupado un extenso terreno en San Antonio. Esta resolución judicial, largamente esperada por los propietarios, pone fin a una batalla que se extiende por más de cinco años y que ha puesto en jaque la capacidad del Estado para garantizar el respeto de la propiedad privada y, al mismo tiempo, atender las profundas carencias habitacionales que aquejan a la comuna y a la región.
Los dueños del terreno, representados por el abogado Diego Pereira, celebran la medida. “Se podrá restablecer el Estado de Derecho y el respeto al derecho de propiedad”, afirmó, subrayando que ya cuentan con las medidas solicitadas por la Delegación Presidencial para resguardar el predio y evitar nuevas ocupaciones ilegales. Sin embargo, la decisión no solo tiene implicancias jurídicas, sino que también abre un escenario complejo donde convergen distintas miradas y tensiones.
Un conflicto con múltiples caras
El predio en cuestión, propiedad de la Inmobiliaria Constructora San Antonio S.A., abarca unas 240 hectáreas y ha sido ocupado por cerca de 3.700 familias que construyeron viviendas sin los permisos municipales correspondientes. La ocupación se inició hace más de una década, en un contexto de abandono institucional y falta de políticas habitacionales efectivas. Según un análisis urbanístico, la mayor parte del terreno está clasificado como zona residencial (ZR4) con alta densidad permitida, pero sin contar con la urbanización formal requerida, que implicaría una inversión estimada en 45 mil millones de pesos para infraestructura vial, servicios y redes básicas.
Desde la perspectiva de los ocupantes, la toma representa una respuesta desesperada a la crisis habitacional y a la ausencia de alternativas asequibles. Voces sociales y organizaciones de derechos humanos han denunciado que el desalojo podría dejar a miles en la calle, profundizando la vulnerabilidad y la exclusión social.
Por otro lado, las autoridades locales y regionales enfrentan un dilema: la obligación de hacer cumplir la ley y proteger la propiedad privada, y la urgencia de encontrar soluciones habitacionales dignas para las familias afectadas. El alcalde de San Antonio y el Ministerio de Vivienda han sostenido conversaciones con los propietarios para buscar una salida negociada, incluyendo la posibilidad de que el Estado compre el terreno, aunque persisten diferencias significativas en la tasación.
La tensión entre derecho y realidad social
Este caso desnuda la tensión estructural entre la protección jurídica de la propiedad y la realidad social de un país donde el déficit habitacional sigue siendo crítico. “La señal que se envíe con esta operación tendrá un impacto en el mercado inmobiliario y en la gestión de futuras tomas”, advierten expertos en urbanismo y derecho.
Además, el conflicto ha estado marcado por episodios de violencia y precariedad, como el apuñalamiento de un niño de 13 años en un incidente relacionado con tensiones familiares dentro del contexto social de la comuna, reflejando un entorno de alta conflictividad y vulnerabilidad.
Consecuencias y desafíos a futuro
La ejecución del desalojo no será el fin del problema, sino más bien el comienzo de una nueva etapa. La capacidad del Estado para gestionar la post-toma, garantizar la seguridad jurídica y, sobre todo, ofrecer alternativas habitacionales reales, será puesta a prueba.
El caso también invita a una reflexión más profunda sobre las políticas públicas en materia de vivienda, la regulación urbana y la justicia social. La ausencia de un marco integral y coordinado ha generado un escenario donde la informalidad y la ilegalidad se convierten en opciones forzadas para quienes no encuentran respuestas en el sistema.
En definitiva, la megatoma de San Antonio es un espejo donde se reflejan las desigualdades y las falencias de una sociedad que debe decidir si apuesta por la exclusión o por la inclusión a través de soluciones sostenibles y humanas.
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Fuentes: La Tercera, Cooperativa.cl, Fundación Defendamos la Ciudad, Tribunal de Apelaciones de Valparaíso, declaraciones de Diego Pereira (abogado de los propietarios), análisis urbanístico del Servicio de Impuestos Internos y Plan Regulador Comunal de San Antonio.