Chile y la propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial: un laberinto sin salida clara
Un fallo que sacudió el mundo de la inteligencia artificial ha puesto en jaque a Chile y su capacidad para innovar sin infringir derechos de autor. El 13 de noviembre de 2025, un juez estadounidense determinó que entrenar modelos de lenguaje con libros legales constituye un uso justo, amparado en la doctrina del fair use, siempre que no se utilicen copias piratas. Este veredicto, que obligó a la empresa Anthropic a pagar US$ 1.500 millones a autores afectados, no solo marcó un precedente global, sino que puso en evidencia la fragilidad del marco legal chileno frente a la revolución tecnológica.
En Chile, la ley de propiedad intelectual no contempla una excepción para la minería de textos y datos (TDM), práctica esencial para el desarrollo de inteligencia artificial. Esto significa que entrenar modelos con obras protegidas sin autorización es técnicamente ilegal, incluso para universidades, startups y proyectos estatales. La ausencia de esta excepción, común en países como Alemania, Japón o Estados Unidos, expone a desarrolladores nacionales a riesgos legales y limita la competitividad tecnológica del país.
El problema se agrava con la reciente eliminación en el Congreso de la excepción de TDM en el proyecto de Ley de Inteligencia Artificial. Lo que inicialmente se proponía como una excepción limitada y negociable fue borrado por completo, dejando a Chile en una posición de clara desventaja internacional.
Las voces en el debate son diversas y a menudo encontradas. Desde la perspectiva de los autores y creadores, la protección de sus derechos es fundamental para garantizar la remuneración justa y la sostenibilidad cultural. “Sin una defensa firme de los derechos de autor, se corre el riesgo de desincentivar la creación literaria y artística,” argumentan.
Por otro lado, expertos en innovación y representantes del sector tecnológico advierten que la rigidez legal actual “asfixia la innovación y empuja a la informalidad,” limitando la soberanía digital y la capacidad de Chile para insertarse en la economía global de la IA.
Desde el ámbito político, la discusión refleja tensiones entre quienes priorizan la protección del patrimonio intelectual tradicional y quienes buscan adaptar la legislación a las nuevas realidades tecnológicas. La ausencia de un consenso claro ha provocado un estancamiento legislativo que impacta en la planificación estratégica nacional.
El contexto internacional también arroja luces y sombras. Mientras Estados Unidos, con su doctrina flexible del fair use, y la Unión Europea, con excepciones específicas para TDM, avanzan en marcos legales que equilibran innovación y derechos, Chile permanece con una legislación heredada de la era analógica, incapaz de responder a las demandas actuales.
¿Qué se puede concluir de esta compleja trama? Primero, que la innovación tecnológica no es un fenómeno aislado ni puramente técnico, sino un desafío jurídico y político que requiere diálogo y reformas profundas. Segundo, que Chile enfrenta una disyuntiva crucial: mantener un sistema rígido que protege a los creadores pero limita el desarrollo, o reformar su ley para incluir excepciones claras y equilibradas que permitan la minería de datos para IA.
Finalmente, la historia de Anthropic y la demanda millonaria actúa como una advertencia: sin un marco legal moderno y adaptado, Chile se arriesga a quedar rezagado en la carrera global por la inteligencia artificial, con consecuencias económicas y sociales de largo alcance. La urgencia de una reforma no es solo técnica, sino estratégica, y exige un debate informado que integre las múltiples perspectivas para construir un futuro donde la protección y la innovación puedan coexistir.
Fuentes consultadas incluyen Diario Financiero, análisis de expertos en propiedad intelectual y reportes legislativos recientes.