Crisis en la Corte Suprema: Diego Simpertigue en la mira por vínculos con la trama bielorrusa
La Corte Suprema chilena enfrenta una nueva sacudida en medio de una crisis institucional que se arrastra desde hace más de un año. El ministro Diego Simpertigue, integrante de la Tercera Sala, se ha convertido en el protagonista central de un escándalo que remite a la llamada "trama bielorrusa", un entramado de presuntos sobornos y lavado de activos que ya ha costado la destitución de varias figuras judiciales.
La polémica se desató cuando se reveló que Simpertigue viajó en junio de 2024 en un crucero por Europa junto al abogado Eduardo Lagos, imputado en la investigación por representar al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. Este mismo consorcio ha sido objeto de recursos judiciales que Simpertigue, en su rol de ministro, tuvo que resolver en dos ocasiones, favoreciendo a la parte vinculada a Lagos.
Este vínculo, aunque no aparece formalmente en los registros de inhabilidades, ha generado una ola de cuestionamientos que recuerdan los casos anteriores de exministros como Ángela Vivanco, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, quienes fueron destituidos tras investigaciones por conductas similares. Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, ha declarado que "tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo hizo con la ministra Vivanco".
En el interior del máximo tribunal, la situación exhibe una fractura palpable. Por un lado, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y un grupo reducido de ministros han intentado contener el daño y liderar con firmeza un proceso de depuración. Sin embargo, la ausencia de una convocatoria a un pleno extraordinario para abordar el caso Simpertigue revela la complejidad de las alianzas y rivalidades internas. Simpertigue mantiene una conocida rivalidad soterrada con Blanco, lo que añade un matiz político a la crisis judicial.
Desde una perspectiva crítica, la crisis pone en evidencia un sistema que ha fallado en establecer mecanismos claros y efectivos para prevenir conflictos de interés y garantizar la transparencia. La justificación técnica que sostiene que las inhabilidades aplican a las partes y no a sus abogados ha sido cuestionada por expertos y actores sociales, quienes consideran que esta interpretación ha facilitado la impunidad.
Regionalmente, la crisis afecta la confianza ciudadana en las instituciones, especialmente en regiones donde la justicia ya enfrenta desafíos estructurales. Los sectores sociales más críticos apuntan a que la Corte Suprema debe asumir un rol ejemplar y no limitarse a resolver casos a puerta cerrada.
En términos políticos, la situación ha generado reacciones divididas. Algunos sectores de oposición exigen una intervención más enérgica y transparente, mientras que desde el oficialismo se apela a la autonomía judicial y al respeto por los procesos internos.
A más de un año del inicio de esta crisis, la Corte Suprema se encuentra en un punto de inflexión. La decisión sobre abrir o no un sumario formal contra Simpertigue no solo definirá el destino de un ministro, sino que también marcará la capacidad de la judicatura para reconstruir su credibilidad y legitimidad. La historia reciente demuestra que las consecuencias de esta crisis van más allá de las personas involucradas: afectan la percepción social sobre la justicia y el Estado de Derecho en Chile.
En definitiva, la trama que envuelve a Diego Simpertigue es un espejo de un sistema judicial tensionado entre la autodefensa y la necesidad de renovación. El desenlace, aún incierto, invita a la reflexión sobre cómo se construye la confianza pública en las instituciones y qué mecanismos son indispensables para evitar que episodios similares se repitan.