Han pasado más de dos meses desde que el informe de la Contraloría General de la República cayera como una bomba sobre el sector público. Lo que comenzó como un cruce de datos —más de 25.000 funcionarios que viajaron fuera de Chile mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024— ha mutado en una radiografía descarnada de una cultura de simulación y desconfianza que permea las instituciones del Estado. Con la polvareda mediática inicial ya asentada, emerge la oportunidad de analizar con distancia las capas de un fenómeno que va mucho más allá del simple acto de ausentismo injustificado. La pregunta que resuena hoy no es solo quiénes cometieron fraude, sino por qué un sistema diseñado para proteger la salud de los trabajadores se convirtió en un mecanismo de escape, privilegio y, en última instancia, de profunda erosión de la fe pública.
La revelación de la Contraloría actuó como un catalizador, desatando una cascada de consecuencias que expusieron la transversalidad del problema. La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) se posicionó rápidamente como el epicentro de la crisis, con 2.280 casos detectados. Sin embargo, las cifras solo contaban una parte de la historia. Dirigentes gremiales de la institución levantaron la voz para contextualizar el dato: un ausentismo laboral crónico del 17% (casi el doble del promedio del sector público), condiciones de trabajo estresantes, falta de personal y una fuerza laboral compuesta en un 98% por mujeres, muchas de ellas sobrecargadas con labores de cuidado. La complejidad del caso Junji se hizo aún más patente con la denuncia de un funcionario de Coquimbo que, tras reportar a una colega por viajar a Brasil con licencia psiquiátrica, terminó siendo él mismo desvinculado por "maltrato laboral", mientras la funcionaria denunciada fue sobreseída. Un claro síntoma de disfunción institucional.
El escándalo no tardó en escalar a las más altas esferas del poder político. Se inició un sumario contra la hija del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por presuntamente emitir una licencia a su padre para justificar una ausencia laboral ligada a una grave acusación en su contra. Poco después, Fiona Bonati, periodista y cuñada del Presidente Gabriel Boric, renunció a su cargo en la Segegob tras revelarse que viajó al extranjero durante una licencia postnatal extendida. Su defensa, basada en el desconocimiento de la norma, no mitigó el impacto político y alimentó el debate sobre el privilegio y la igualdad ante la ley.
La reacción del Estado no fue homogénea. Mientras algunas reparticiones iniciaban lentos sumarios administrativos, empresas públicas como BancoEstado adoptaron una postura drástica, desvinculando a 91 trabajadores por incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La onda expansiva llegó incluso al Poder Judicial, con la suspensión de una fiscal de Puerto Varas por utilizar licencias para viajar, un golpe directo a la credibilidad de la institución encargada de perseguir delitos.
El abanico de reacciones ha puesto en evidencia las tensiones subyacentes en la concepción del Estado y la función pública.
El masivo fraude de las licencias médicas no es un evento aislado. Se inscribe en una larga historia de desconfianza ciudadana hacia las instituciones y en un debate permanente sobre la eficiencia y probidad del Estado. El escándalo ha servido para materializar una percepción abstracta: la de un aparato estatal donde las reglas parecen ser flexibles para algunos y donde la fiscalización es, a menudo, insuficiente.
A día de hoy, el tema sigue en plena evolución. Cientos de sumarios administrativos continúan su curso, con un futuro incierto para miles de funcionarios. Los proyectos de ley avanzan en el Congreso y las nuevas herramientas de fiscalización digital comienzan a implementarse. Sin embargo, la pregunta fundamental sigue abierta: ¿serán estas medidas suficientes para reconstruir la confianza? El desafío no es solo técnico o legal, sino cultural. Implica repensar el pacto entre el Estado y sus trabajadores, y entre el Estado y la ciudadanía. La crisis de las licencias médicas ha demostrado ser mucho más que una suma de faltas individuales; es el reflejo de una fractura profunda que, si no se aborda en su totalidad, amenaza con seguir corroyendo las bases de la fe pública.