Voto obligatorio en Chile: Multas, tensiones y un debate que aún no termina

El regreso de la multa por no votar ha puesto en el centro del debate político chileno una vieja tensión: ¿cómo garantizar la participación ciudadana sin caer en sanciones que generen rechazo?

En septiembre de 2025, el Gobierno anunció su intención de restablecer sanciones económicas para quienes incumplan con el voto obligatorio, vigente en la Constitución pero sin multas efectivas desde hace años. La ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, afirmó que esperaba que para octubre se aprobara en el Congreso esta medida, junto con una reforma constitucional para elevar los requisitos para que extranjeros puedan votar.

Sin embargo, cuando la Cámara de Diputados discutió el proyecto a fines de septiembre, surgieron profundas divisiones. La propuesta que redefine multas y requisitos electorales dividió a las bancadas, con posturas que van desde el respaldo firme hasta la advertencia de que la iniciativa podría fracasar por falta de consenso.

Desde la derecha, la postura ha sido mayoritariamente favorable a fortalecer la obligatoriedad del voto con sanciones claras, argumentando que la abstención erosiona la legitimidad democrática. En contraste, sectores de izquierda y algunos independientes han cuestionado la multa como un mecanismo coercitivo que podría afectar desproporcionadamente a grupos vulnerables, como jóvenes y sectores socioeconómicos bajos.

En paralelo, la discusión sobre el voto de extranjeros ha añadido complejidad. Chile es uno de los pocos países que permite el sufragio obligatorio a extranjeros en elecciones presidenciales y parlamentarias, con inscripción automática. “Tenemos una legislación muy permisiva respecto al voto de extranjeros, que no se ajusta a la experiencia internacional donde el voto extranjero suele ser voluntario y limitado a elecciones locales”, explicó la ministra Lobos. Esta realidad ha generado tensiones políticas y sociales, con demandas de restringir o elevar los requisitos para que los extranjeros puedan votar.

Las voces ciudadanas reflejan esta complejidad. Encuestas posteriores a la discusión parlamentaria muestran un electorado dividido: mientras un sector valora la obligatoriedad del voto como un deber cívico fundamental, otro expresa preocupación por las multas y la inclusión de extranjeros en decisiones nacionales.

El escenario actual es un tablero político en plena negociación, donde el Gobierno busca consolidar un liderazgo capaz de cerrar acuerdos antes de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.

Finalmente, ¿qué se puede concluir de esta historia? Primero, que el voto obligatorio en Chile es un tema que no solo atraviesa la legislación electoral, sino también debates profundos sobre ciudadanía, participación y representatividad. Segundo, que la pluralidad de perspectivas —desde la defensa de la democracia formal hasta la crítica a mecanismos sancionatorios— es un reflejo saludable de una sociedad que se cuestiona a sí misma. Y tercero, que las reformas en curso, lejos de ser un mero trámite, serán un termómetro del equilibrio político y social en un Chile que busca consolidar su sistema democrático sin perder de vista la justicia y la inclusión.

Este episodio, lejos de cerrarse con una simple votación, seguirá siendo un coliseo donde se enfrentan ideas, intereses y visiones sobre el futuro del voto y la democracia en Chile.

Fuentes: Diario y Radio Universidad de Chile, Diario Financiero.